El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que contempla medidas urgentes para “garantizar el nivel de vida, mejorar la posición negociadora y lograr el justo reparto de los costes generales del sector primario a lo largo de la cadena alimentaria”.
Estas medidas concretas, asegura en un comunicado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tienen como finalidad evitar el abandono de las explotaciones agrarias e impulsar el reequilibrio entre todos los eslabones (productores, cooperativas, industria alimentaria, distribución y consumidores) y son fruto del diálogo mantenido por el Gobierno con todos los actores implicados en la cadena alimentaria tras las masivas protestas del sector primario.
El aspecto más relevante de la nueva norma es que introduce el coste de producción como elemento obligatorio en las relaciones contractuales, que se incluirá como un factor obligatorio a tener en cuenta para establecer el precio en los contratos agrarios.
Habrá que incluir en los contratos una cláusula obligatoria que indique que el precio pactado –entre el productor primario agrario, ganadero, pesquero o forestal o una agrupación de los mismos y su primer comprador– cubre los costes de producción.
Esta medida evitaría la conocida como venta a pérdidas, respondiendo así a una de las principales reivindicaciones de los agricultores. Ya que cada operador deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción no se podrá destruir valor a lo largo de la cadena.
Menos ofertas en el súper, más control
Otro de los puntos del Real Decreto, cuya articulación exacta aún no conocemos, es la regulación de actividades promocionales en los supermercados. Como explica el ministerio en su comunicado, “para evitar la banalización de los productos, se exigirá que el lanzamiento y desarrollo de promociones, que se realicen en el ámbito de aplicación de la ley de la cadena alimentaria, se basen en un marco de acuerdo y libertad de pactos, interés mutuo y flexibilidad para adaptase a las circunstancias particulares de los distintos operadores”.
Las actividades promocionales no podrán inducir al error sobre el precio o imagen de los productos, ni perjudicar la percepción en la cadena sobre la calidad o el valor de los productos.
El Real Decreto endurece, además, las sanciones previstas en la ley para las empresas que incluyan esta. Bajo la nueva normativa se hará pública la identidad de las empresas que cometan infracciones “graves y muy graves”, como no formalizar por escrito los contratos alimentarios, no incluir el precio o realizar modificaciones en el precio.
Medidas laborales
En materia de fiscalidad, la norma aprobada hoy introduce también modificaciones en la Ley del IRPF para mejorar la tributación en este impuesto de los jóvenes agricultores que reciben las ayudas a la primera instalación en los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas.
Con esta modificación, explica el ministerio, se garantiza una mejora del tratamiento fiscal, ya que se permitirá imputar en cuatro años los importes recibidos en las ayudas a la primera instalación, de forma que el impacto fiscal no se concentre en el año en que se reciben, lo que incentiva la apuesta por el relevo generacional.
También se introducen medidas en materia de empleo para hacer frente a las especiales circunstancias del mercado laboral en el ámbito agrario y se fijan medidas de protección de los trabajadores eventuales del campo.
Los agricultores esperan conocer más detalles
Fuentes de las organizaciones agrarias han reconocido a Directo al Paladar que las medidas anunciadas “caminan en la buena dirección”, pero quieren esperar a conocer todos los detalles en la reunión prevista con el ministerio para tener claro que la modificación de la ley de cadena alimentaria garantiza realmente el fin de la venta a pérdidas.
Imágenes | Pool Moncloa/JM Cuadrado
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