La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo ha acordado reducir las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero para contribuir al objetivo de neutralidad climática de la Unión Europea.
Los gases fluorados son el tipo más potente y persistente de gases de efecto invernadero emitidos por actividades del ser humano y pueden producir un efecto invernadero miles de veces mayor que el CO2.
Paradójicamente, se empezaron a utilizar para sustituir a los clorofluorocarbonos (CFC) y los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), sustancias que se prohibieron en 1987 para proteger la capa de ozono. Hoy el agujero de la capa de ozono sigue cerrándose, pero hemos hecho un pan como unas tortas: los gases fluorados que los sustituyeron siguen siendo perniciosos para el medioambiente.
Las emisiones de gases fluorados en la UE se duplicaron entre 1990 y 2014, en contraste con las emisiones de todos los demás gases de efecto invernadero, que se redujeron.
¿Cerrarán 21.600 supermercados?
La nueva regulación debe ser aprobada en el Parlamento Europeo el próximo el próximo miércoles 30 de marzo y prevé prohibir el uso de estos gases, “con un potencial de calentamiento climático de 2.500 o más”, a partir del 1 de enero de 2024 en todo tipo de sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
Aunque tienen otros usos industriales, la mayor parte de los gases fluorados se usan hoy como refrigerantes: en sistemas de aire acondicionado, tanto de vehículos como de edificios. Y una de las industrias más fuertemente afectada por su posible prohibición es la alimentaria.
Las patronales españolas que representan a los supermercados y la gran distribución –Asedas, Aces y Anged– han firmado un comunicado junto a otros representantes de la cadena de valor de la refrigeración y aire acondicionado de España cargando duramente contra la medida.
El comunicado tacha la postura de algunos sectores del Parlamento europeo de “muy extrema” y asegura que, de aprobarse, sus consecuencias serán “especialmente graves” en países como España.
“En caso de llevarse a cabo la prohibición de mantenimiento de sistemas de refrigeración más de un 90% de los 24.000 puntos de venta de distribución alimentaria en España no podrían ser mantenidos”, asegura el comunicado.
El motivo: que “la reconversión de todo el parque de instalaciones a sistemas sin fluorados es irrealizable en los plazos propuestos en las distintas enmiendas”. En la práctica, aseguran, “la reconversión de un sistema basado en gases fluorados a otro que no lo está implica el desmantelamiento completo de la instalación y sustituirla por una nueva donde no se puede aprovechar ninguno de los componentes ni elementos actuales”.
La medida, asegura el comunicado, afectaría no solo a la distribución, sino también al sector primario, aunque de las grandes organizaciones agrícolas de España, solo Asaja ha firmado el texto: “Actualmente la mayoría de las empresas del sector de comercio minorista agroalimentario siguen apostando por sistemas de refrigeración con alto potencial de calentamiento atmosférico, dado que las alternativas actuales a través de sistemas de CO2 o glicol suponen un mayor coste económico que la mayoría de nuestro tejido comercial formado por pymes no puede asumir”.
La Comisión asegura que es posible el cambio
La regulación de los glases fluorados no ha pillado a nadie por sorpresa. La UE cuenta con una regulación de estos gases que se ha ido endureciendo desde 2006 y fue hace ya un año, el 5 de abril de 2022, cuando la Comisión presentó una propuesta legislativa para actualizar el reglamento sobre estos gases.
La nueva legislación fue aprobada a primeros de este mes por la comisión de medio ambiente del Parlamento por una amplia mayoría, con 64 votos a favor, 8 en contra y 7 abstenciones.
Lo que piden los sectores afectados es que en la próxima votación se apruebe una enmienda al texto, la 125, presentada por el Partido Popular Europeo, que establece un calendario de eliminación progresiva más laxo. Mucho más laxo: se pide trasladar la prohibición de la mayoría de gases fluorados al 1 de enero de 2030.
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