La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de trabajo Yolanda Díaz y el ministerio de Consumo Alberto Garzón se han reunido hoy con asociaciones de distribuidores de alimentos y representantes de consumidores y usuarios para trasladarles su propuesta de limitación de precios en los productos de alimentación de primera necesidad.
A la reunión, que se ha celebrado en el ministerio de Trabajo, han acudido las patronales de las grandes cadenas de distribución —Anged, Aces y Asedas– así como las asociaciones de consumidores. Allí los ministros de Unidas Podemos han pedido a las cadenas "un esfuerzo" para topar el precio de los alimentos básicos al menos hasta Navidad, con el objetivo de limitar la inflación.
La propuesta que lanzó Díaz la semana pasada no ha sido bien recibida por parte de los supermercados, que insisten en que esta medida puede distorsionar el mercado, y prefieren otras medidas como una rebaja del IVA en los productos.
¿Es legal fijar un precio a los alimentos?
En los últimos días, se ha cuestionado, incluso, la legalidad de la medida. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tanto la Ley de defensa de la competencia como el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea "prohíben expresamente los acuerdos o recomendaciones de fijación de precios u otras condiciones comerciales que restrinjan o falseen la competencia".
Pero no es la única lectura. Según ha trasladado Facua en la reunión mantenida hoy, la ley de ordenación del comercio minorista permite al Gobierno, "previa audiencia de los sectores afectados", fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos y someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa "cuando se trate de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas".
Tras la reunión, el director general de la patronal de supermercados Asedas, Ignacio García Magarzo, que representa a cadenas como Mercadona, Lidl o Dia, ha asegurado que el análisis realizado por la vicepresidenta del Gobierno sobre un problema de márgenes de beneficio "no tiene la base científica suficiente", como tampoco es "buena" la idea de elaborar una cesta básica común porque "no es coherente con la estructura de la distribución comercial española", muy atomizada: España es uno de los países de europa con más cadenas regionales de supermercado.
En opinión de Javier Millán-Astray, vicepresidente ejecutivo de la otra gran patronal del sector, Anged –que representa a Hipermercados como Carrefour, Alcampo o El Corte Inglés–, "si se intenta fijar una cesta de la compra, se están distorsionando las relaciones de las empresas de distribución con sus proveedores". En su opinión, los supermercados ya están haciendo un "esfuerzo extrodinario" para limitar los precios que, aseguran, han creido en torno al 7 % por debajo del IPC general.
Carrefour recoge el guante
De entre las grandes cadenas de distribución, solo Carrefour, segunda en cuota de mercado en España, ha recogido el guante de Díaz presentando una cesta básica de 30 productos a 30 euros que, eso sí, no cumple con lo que pedía la vicepresidenta, que ha insistido en la reunuión en la necesidad de que éstas tengan productos frescos.
La cadena se ha comprometido a estudiar la idea por la que apuestan desde Trabajo y Consumo, pero que no ha sido respaldada por el ministerio de Agricultura, una cartera del PSOE que se ha desmarcado publicamente de la iniciativa de sus socios indicando, además, que cualquier movimiento en este sentido debería contar con su aprobación.
Según Díaz su propuesta seguirá desarrollándose en una reunión de trabajo más extensa cuando vuelva del encuentro del G-20 al que debe marcharse esta semana.
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