El pasado marzo el Gobierno anunció la concesión de 7.000 millones de euros en ayudas directas a los autónomos y pymes más afectados por la pandemia, 1.000 de los cuales se destinarían a la hostelería. Seis meses después, se ha cumplido el plazo para pedir las ayudas en la mayoría de las comunidades autónomas, pero, según los últimos datos publicados por estas, más del 60% han quedado desiertas.
Según explica Javier Ruiz en la Cadena Ser, doce comunidades han cerrado ya el plazo para solicitar los fondos, pese a que no se ha repartido ni la mitad dinero. En la Comunidad de Madrid se ha reabierto la convocatoria, algo que podría ocurrir en otras comunidades. Pero ello no implica que se vaya a repartir el dinero.
El problema es que, como denunció hace meses la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), los requisitos que se piden a los beneficiarios son imposibles de cumplir para la mayoría de pequeñas empresas y, especialmente, para bares y restaurantes.
Con deudas no hay ayudas
El principal escollo para recibir las ayudas, al margen de el complejo papeleo que hay que realizar para pedirlas, es que es necesario no tener deudas con la administración pública. No es un requisito raro, está presente en todas las ayudas. El problema es que, con los bares y restaurantes cerrados durante meses, muchos negocios no han podido ponerse al día con Hacienda o la Seguridad Social, lo que les invalida para pedir la ayuda.
La UPTA pidió al ministerio de Economía, a finales de julio, que se modificara la redacción del Real Decreto que regula las ayudas, para poder pedir estas restando de las mismas lo que los negocios deben a la Agencia Tributaria o la Tesorería de la Seguridad Social.
“El Gobierno debe establecer mecanismos que permitan a las CCAA cambiar las órdenes de ayuda y con ello conseguir un doble efecto, por un lado, saldar deudas existentes con la administración central y por otro que los autónomos puedan acogerse a las ayudas de todas las administraciones”, explicó Eduardo Aband, presidente de la UPTA.
Pero, más de un mes después, los requisitos no se han cambiado. Y el tiempo se acaba. Como se explica en la ley, las ayudas que no se concedan antes de noviembre, deberán reintegrarse al Estado que, asegura, ya ha repartido todo el dinero a las comunidades.
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