La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a las cadenas Lidl y Family Cash por publicar ofertas abusivas de pollo. A su juicio, estas ofertas incumplen el decreto que regula las actividades promocionales en los supermercados, en aras de evitar la venta a pérdidas de ganaderos y agricultores.
Los hechos denunciados corresponden a promociones de Lidl y Family Cash que estuvieron en vigor la semana del 7 de enero y el 15 de febrero, respectivamente. En ellas, ambas cadenas de supermercados ofrecían el kilo de pollo por debajo de los 2€/kg, un precio que, según COAG, incumple lo establecido el Real Decreto Ley en lo concerniente a la destrucción de valor en la cadena.
Según COAG, la incipiente “guerra de precios” de las cadenas de distribución y la espiral alcista del precio del pienso, por el continuado incremento de materias primas como la soja o maíz (entre el 20 y 50%), dibujan un escenario preocupante para las explotaciones avícolas familiares.
“Los productores de carne de pollo acumulamos una feroz caída del precio en origen por encima del 60% durante el último año por el efecto de la pandemia en el canal HORECA y el turismo”, explica Eloy Ureña, responsable del sector avícola de COAG en un comunicado. “En estas circunstancias, resulta lamentable y desolador encontrarte en los lineales ofertas abusivas de pollo low-cost que tiran por tierra el enorme esfuerzo que estamos haciendo desde la producción por adecuar la oferta a la demanda y superar esta crítica coyuntura sin echar el cierre”.
Una ley que se sigue negociando
Cabe recordar que el pasado año, justo antes del estallido de la pandemia y tras las protestas convocadas por el sector primario en toda España, el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley que contemplaba medidas urgentes para “garantizar el nivel de vida, mejorar la posición negociadora y lograr el justo reparto de los costes generales del sector primario a lo largo de la cadena alimentaria”.
Este decreto prohíbe expresamente las “actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos o que perjudiquen la percepción en la cadena sobre la calidad o el valor de los productos”, aunque no se define exactamente a qué responden estas, algo sobre lo que deberá pronunciarse la AICA.
La promoción de Family Cash denunciada por COAG.
A fin de detallar este y otros puntos poco definidos del decreto, el Gobierno planea una modificación más extensa de la Ley de la Cadena Alimentaria, cuyo proyecto se presentó el pasado noviembre y se prevé entre en vigor en noviembre de 2021.
Pero mientras llega, los agricultores y ganaderos insisten en que las cadenas de distribución deben cumplir el real decreto y piden a las empresas que no se sumen a esta carrera por la destrucción del valor, mediante la consolidación en el tiempo de ofertas abusivas.
“Ya hay empresas minoristas que están teniendo en cuenta los costes de producción, como indica la Ley de Cadena, y están cerrando operaciones que evitan la destrucción de valor”, asegura Ureña. “Ese es el camino para evitar el cierre de una porcentaje importante de las 5.500 granjas familiares y garantizar una tejido productivo viable”.
Desde Lidl explican a Directo al Paladar que su política de compras "consiste en establecer relaciones a largo plazo" con los proveedores, con los que, aseguran, se trabaja "bajo estrictos criterios éticos para contribuir a la viabilidad de sus negocios y acercar cada vez más sus productos al consumidor español". Si se ofrecen este tipo de campañas periódicas de descuentos y promociones, apuntan, es gracias a "la optimización del surtido" y los "procesos y la simplificación de la oferta".
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