A partir de octubre, la industria alimentaria no podrá emitir en Portugal publicidad destinada a niños de productos potencialmente perjudiciales para la salud. Esto incluye a todas las galletas y batidos de chocolate, el 90 % de los cereales de desayuno y el 72 % de los yogures del mercado, pero también afecta a la mayoría de refrescos o quesos.
Estos productos, que actualmente copan los espacios publicitarios de todos lo programas infantiles, tendrán que desaparecer de cualquier emisión de radio o televisión con una audiencia de más del 25% de jóvenes menores de 16 años. Pero la norma va más allá, y prohíbe la promoción de estos productos en carteles cerca de escuelas o parques infantiles, en la radio, el cine e, incluso, internet.
En un comunicado, la Dirección General de Salud portuguesa explica que, con esta medida, el Gobierno “persigue el objetivo de reducir el consumo excesivo de sal, azúcar y grasas saturadas, que están asociados al desarrollo de enfermedades crónicas, en especial obesidad, enfermedades cardiovasculares y oncológicas”.
Siguen las recomendaciones de la OMS
Ante las críticas de la industria alimentaria, el Gobierno luso insiste en que solo está siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La promoción de alimentos poco saludables para los niños ha demostrado ser desastrosamente efectiva
Ya en 2013, la mayor autoridad sanitaria mundial, dependiente de la ONU, pidió endurecer los controles sobre el marketing de productos ricos en grasas saturadas y trans, azúcar, y sal, con ánimo de frenar la obesidad infantil.
La OMS era muy clara: “Desafortunadamente, la promoción de alimentos poco saludables para los niños ha demostrado ser desastrosamente efectiva. Si bien los adultos saben cuándo están siendo objeto de publicidad, los niños no pueden distinguir, por ejemplo, entre anuncios y dibujos animados. Esto los hace particularmente receptivos y vulnerables a los mensajes que conducen a elecciones poco saludables”.
Las investigaciones realizadas al respecto son contundentes. Un estudio publicado en 2009 en la revista European Journal of Clinical Nutrition concluía que se podría haber evitado hasta uno de cada tres casos de obesidad infantil si se hubiera eliminado la publicidad de alimentos insanos en televisión. Hay que tener en cuenta, que según un estudio del año pasado, realizado por la aseguradora Caser, los niños españoles ven de media 6,79 horas de televisión a la semana. La regulación en la publicidad funciona.
La mayoría de anuncios desaparecerían
¿Qué ocurriría si se trasladara la normativa aprobada por Portugal a España? Hace solo unos meses, la OCU, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, realizó un estudio en el que se analizaron 54 horas de emisión, durante una semana, de los principales canales infantiles y juveniles de España, así como los programas de las televisiones generalistas con mayores índices de audiencia infantil. De aplicarse las recomendaciones de la OMS, de los 119 productos publicitados solo podría haberse anunciado el 23 %.
Aunque la normativa portuguesa afecta a todos los medios de comunicación, es la televisión la que más preocupa a los expertos en salud pública. Como apunta la OMS, existe un fuerte vínculo entre las costumbres televisivas y la obesidad: “Los datos recientes sugieren que los niños se vuelven obesos no solo porque ven televisión, en lugar de estar activos, sino también porque están expuestos a la publicidad y otras tácticas de marketing”.
EN España existe desde 2005 un acuerdo de autorregulación en la publicidad suscrito por el grueso de la industria alimentaria. Este acuerdo, conocido como Código PAOS, apunta que la la publicidad de alimentos o bebidas “en ningún caso explotará la especial confianza de los menores en sus padres, en profesores, o en otras personas, tales como profesionales de programas infantiles o personajes (reales o ficticios) de películas o series de ficción”.
La OMS ha indicado en reiteradas ocasiones que el grado de incumplimiento del acuerdo es “muy alto”, y ha insistido en la necesidad de abandonar la autorregulación, apostando por la regulación a secas, pero es un tema que, a nivel político, recogen escasos partidos y apenas se ha debatido en sede parlamentaria.
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