La Guardia Civil ha informado a los medios de la puesta en marcha de una operación coordinada por Europol contra la comercialización de atunes pescados ilegalmente, que se ha saldado con la detención de 79 personas –empresarios pesqueros, armadores y comercializadores– y la intervención de 80.000 kilos de atún rojo, cuyos beneficios brutos podrían superar los 12 millones de euros anuales.
Bautizada como Operación Tarantelo –en referencia a este preciado corte del atún–, la actuación, que pone la puntilla a un año de investigaciones, se ha desarrollado en Murcia, Valencia, Málaga y Algeciras.
La red criminal comercializaba atún rojo ilegalmente y con irregularidades sanitarias. De hecho, según han relatado a Efe fuentes de la investigación, se ha tenido que adelantar la "explotación" de la operación tras comprobar que una persona había estado hospitalizada por grave intoxicación.
"No buscábamos un delito contra la seguridad alimentaria, pero salió", ha subrayado un agente en una rueda de prensa ofrecida esta mañana, antes de explicar que fue la intoxicación de un hombre que tuvo que ser hospitalizado el origen de esa segunda parte de la investigación que trascendía el delito de pesca ilegal.
El hombre, que estuvo ingresado en un hospital de Asturias, había consumido atún rojo comprado en Sevilla. También su mujer, pero ella no resultó afectada. Afortunadamente, añaden las fuentes, no comió su hijo, ya que las consecuencias son más graves en consumidores de edad avanzada y en niños.
Imágenes de la operación facilitadas por la Guardia Civil.
Pesca ilegal y blanqueo de dinero
La operación se ha saldado con 49 registros e inspecciones en las que se han intervenido más de 80.000 kilos de atún rojo de procedencia ilícita, cerca de medio millón de euros en efectivo, joyas, relojes y otros objetos de gran valor, siete vehículos de alta gama, tasados en más de 600.000 euros, además de gran cantidad de documentación que demostraría el “blanqueo” en la comercialización de atunes pescados ilegalmente y sus ganancias ilícitas.
Las empresas investigadas se aprovechaban de su actividad legal para introducir piezas ilegales
Como ha explicado la Guardia Civil, la operación se inició tras obtener varias informaciones sobre posibles irregularidades en la pesca del atún rojo en el Mediterráneo.
A medida que se iba avanzando en la investigación se comprobó que las primeras empresas investigadas se aprovechaban de la parte legal de su actividad empresarial para introducir una gran cantidad de animales pescados ilegalmente.
Así, con facturas y otros documentos que se correspondían con la compra legal de atunes, procedentes en muchos casos de granjas debidamente autorizadas, amparaban otros especimenes pescados ilegalmente.
El seguimiento de las conexiones entre empresas y el estudio del movimiento de la mercancía permitió establecer las diferentes actividades en las que eran partícipes, documentando las entregas de dinero negro y recopilando documentación que había sido presentada con idéntico contenido en diferentes puntos de venta.
Trama internacional
Salvo un porcentaje muy bajo de capturas españolas no declaradas, la mayoría de los ejemplares ilícitos procedían de otros países.
En concreto, una de las vías tenía origen en Malta desde donde se enviaban algunas piezas de origen legal por vía aérea y de forma paralela, introducían por carretera desde este país el mayor volumen de animales utilizando la documentación legal del primer envío para amparar este comercio ilícito.
Los datos señalan que habrían obtenido ilegalmente un total de 12.500.000 de euros al año
Otra vía de entrada se iniciaba en Italia utilizando procedimientos similares salvo que, en este caso, al proceder toda la producción de capturas ilegales, llegaba a España por carretera sin ningún tipo de documentación y control de trazabilidad.
Una vez en España, se unificaban las líneas de distribución hacia empresas menores del sector, diferenciando las piezas legales de las ilegales en función del documento que las amparase, lo que conllevaba precios diferenciados. El tránsito de la pesca ilegal de Italia y Malta se hacía a través de puertos franceses.
Los cálculos realizados por los investigadores cifran, como mínimo, en un volumen anual de más de 1.250.000 kilos de atún procedente de Malta (legal), mientras que el que se comercializaba en negro superaría el doble de esa cantidad: más de 2.500.000 kilos.
Teniendo en cuenta que por cada kilo obtenían un beneficio mínimo de 5 euros, los datos señalan que habrían obtenido ilegalmente un total de 12.500.000 de euros al año.
Un delito económico, un peligro alimentario
Aunque la trama buscaba enriquecerse con atún capturado ilegalmente, esto ha provocado además problemas de seguridad alimentaria, pues el atún pescado furtivamente no cumplía las condiciones de congelación a las que se somete normalmente al pescado.
Mientras las capturas legales (nunca mayores al cupo establecido) que se transportaban en la bodega del barco cumplían toda la normativa, las ilegales se escondían, incluso atadas en la parte inferior de la embarcación y bajo el agua.
Los atunes obtenidos ilegalmente se escondían en los barcos, conservándose en malas condiciones
En ocasiones, además, se sacrificaban los animales en el mar y se mantenían bajo el agua hasta que podían traerlos a tierra sin riesgos. Esto generaba que el proceso normal de pérdida de cualidades se acelerase al permanecer en agua.
Este menoscabo de las condiciones higiénico-sanitarias podría afectar a la calidad del producto a consumir por los ciudadanos por lo que, al contar con algunas evidencias previas sobre posibles intoxicaciones, se procedió a tomar muestras de todas las partidas intervenidas. Se pudo comprobar que podrían haberse producido varios casos de intoxicación por consumo de piezas comercializadas por la red causada por la degradación de las proteínas al mantener los atunes en malas condiciones de conservación. Esto puede provocar fiebre y alteraciones gastro-intestinales, como síntomas más leves, que puede tener graves consecuencias en consumidores de edad avanzada y en niños.
La investigación se ha desarrollado bajo instrucción del Juzgado nº 3 de Picassent y con la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia.
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