La Audiencia Nacional ha abierto una investigación contra cuatro bodegas de la denominación de origen Valdepeñas por los delitos de estafa, publicidad engañosa y falsedad documental.
En concreto, la fiscalía ha acusado a Félix Solís, García Carrión, Navarro López y Fernández Castro, de vender como "crianza", "reserva" y "gran reserva" vinos que no cumplían con el periodo mínimo de envejecimiento que exige la propia D.O.
El asunto ha llegado ahora a los tribunales, pero se trata de una denuncia que viene de lejos.
Félix Solis y García Carrión, las dos grandes bodegas de la zona, están enfrentadas por el control de la D.O. desde que la segunda, con sede en Jumilla (Murcia), comprara en 2007 las bodegas Vinartis, que gestionaba reconocidas marcas como Señorío de los Llanos y Pata Negra.
La demanda ofrece datos que muestran desajuste entre los litros vendidos por las bodegas y los declarados
García Carrión ha acusado públicamente a Félix Solis de gobernar la D.O. Valdepeñas sin ningún control y colocar como vicepresidente a Carlos Nieto, al que consideran “mano derecha” de Félix Solis.
Curiosamente, es la propia García Carríon la que asegura haber denunciado, junto a las asociaciones de agricultores, los hechos que investiga la Audiencia Nacional. Pero la fiscalía ve indicios de delito también en sus propios vinos.
La demanda ofrece datos que muestran desajuste entre los litros vendidos por las bodegas y los declarados oficialmente ante la Interprofesional de la D.O. durante el año 2018.
Según explican Álvaro Sánchez y Vidal Maté en El País, en el caso de las bodegas Félix Solís, se vendieron como crianzas 472.745 litros más de los declarados a los supervisores, así como 146.706 litros más de vinos reserva. En cuanto a García Carrión, se verificó la venta de tres millones de litros de vino gran reserva a un solo cliente, una cantidad que no cuadra ni con lo declarado a la autoridad administrativa inspectora (410.780 litros menos), ni a la Asociación Interprofesional (879.881 litros menos).
En las bodegas Navarro López y Fernando Castro, los desajustes son algo menores.
Félix Solis y García Carrión, los dos bodegueros enfrentados.
Una D.O. multimillonaria
Valdepeñas no es una denominación de origen con demasiada buena prensa entre los críticos, pero es la líder absoluta en los supermercados y una de las regiones productoras más rentables.
En 2020, se despacharon casi 50 millones de litros con etiqueta de Valdepeñas (el 72 % en España). Hablamos de una facturación de unos 200 millones de euros, en un año fatídico para la mayoría de las regiones vitivinícolas, y en una D.O. que no es de las más grandes por extensión: tiene en torno a 20.000 hectáreas, parecido a las que tiene Ribera del Duero y mucho menos de las 65.000 que tiene Rioja.
Pero pese al éxito comercial, o quizá debido a este, la D.O. está pasando por una crisis de reputación sin precedentes, en la que los perjudicados, insisten los agricultores, son el primer y último eslabón de la cadena: viticultores y consumidores.
El pasado mes, las asociaciones de agricultores de la zona –ASAJA, UPA, Coag y Cooperativas Agroalimentarias– abandonaron el consejo regulador lo que, según estos, obliga a la Junta de Castilla-La Mancha a hacerse con su control, pues necesariamente debe estar compuesto por viticultores y bodegueros.
Los agricultores ya habían denunciado este fraude, cuya investigación se hizo pública ayer, en el verano de 2019, pero el consejo regulador no tomó ninguna medida para resolver el entuerto. En su opinión, el descontrol en el etiquetado de los vinos hace imposible controlar los precios, y, denuncian, se les paga tan poco que apenas tienen para cubrir los costes.
El propio consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha reconocido que existe una guerra comercial entre los principales grupos bodegueros por hacerse con el mercado. Su departamento puso en marcha el pasado año una auditoría para analizar el proceso de comercialización, pero aún no se conocen sus resultados.
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