La pasada semana el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad anunció que está ultimando un plan de colaboración con la industria alimentaria para mejorar la composición de los alimentos y bebidas en España. Su objetivo: reducir un 10% el consumo de azúcares añadidos de los españoles en tres años.
María de los Ángeles Dal Re, coordinadora de la Estrategia NAOS –el organismo del Gobierno encargado de facto de promover políticas destinadas a reducir la obesidad–, ha asegurado que el acuerdo con la industria afectará sobre todo a los productos dirigidos a niños y familias con una elevada presencia de azúcares añadidos. Las empresas firmantes reducirán de forma paulatina el azúcar, pero en cantidades asumibles para que “no cambie mucho el sabor” y las empresas puedan comprometerse a hacerlo. ¿Servirá de algo?
Los planes del Gobierno van en la línea de los compromisos que muchas multinacionales de la alimentación han suscrito de forma particular en los últimos meses. En verano, Coca-Cola anunció que reducirá el contenido de azúcar de sus bebidas un 12 % hasta 2020 y esta semana se han sumado al carro Danone, que se ha comprometido a reducir en un 22 % los azúcares añadidos de sus productos lácteos fermentados hasta esa misma fecha, y Kellog´s, que reducirá el contenido de azúcar en sus cereales para niños entre un 20 y un 40 % a partir de mediados del año que viene.
¿Regulación o autorregulación?
No cabe duda de que la obesidad es ya un problema de salud pública que nadie puede obviar. El 39,3 % de los españoles sufren sobrepeso y el 21, 6 % obesidad, por lo que más de la mitad de la población de nuestro país (60,9 %) es más gorda de lo que debería. Pero además, una dieta inadecuada es, en conjunto, el factor de riesgo que más problemas causa en nuestra salud, según afirma el estudio Global Burden of Disease –una de las investigaciones epidemiológicas más completas elaboradas en la historia–.
La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha asegurado que su departamento trabaja “para fomentar hábitos de vida saludables y alcanzar un futuro libre de obesidad y sobrepeso”, pero la gran pregunta que debemos hacernos es si ante un problema de tal magnitud podemos fiarnos de la buena voluntad de la industria de cara a reducir el azúcar de sus productos.
En opinión del doctor Giuseppe Russolillo, presidente de la Academia Española de Nutrición y Dietética, el plan se alinea “un poco” con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a la reducción del consumo de azúcar. Pero, aunque quiere tener una “lectura positiva”, tiene muchas dudas sobre la viabilidad y los efectos reales del mismo.
“Sigo pensando que el ministerio está haciendo inversión cero en políticas de alimentación y salud. Esto no deja de ser una iniciativa a la que las empresas se van a unir de forma voluntaria, pero el ministerio debería sentarse a dialogar con la industria y los nutricionistas para ver qué políticas de alimentación deberían llevarse a cabo en nuestro país, y no hacer iniciativas aisladas, sumatorias, que no dejan de ser buenas, pero ni están dotadas de una partida presupuestada ni están consensuadas. Bajo mi punto de vista creo que se debería regular y esto no es una regulación”, apunta Russolillo.
Más crítico es Javier Gúzman, director de la ONG VSF-Justicia Alimentaria Global, que es muy duro con la política del Gobierno sobre este asunto: “Lo que ha hecho con esta medida es exactamente lo que pedía la industria. Parece que ha hecho algo, pero quiere seguir sin hacer nada”.
En su opinión, las grandes empresas de alimentación saben que existe una gran presión ambiental en su contra, pues es evidente que consumimos demasiado azúcar, y prefieren ir un paso por delante.
“Para evitar que se tomen medidas realmente efectivas, como una nueva fiscalidad o una regulación más estricta del etiquetado y la publicidad, que les generarían líos automáticamente, buscan medias que no valgan para casi nada, tengan un coste muy bajo y no cambien la dirección del consumo de las personas”, asegura.
Como apunta Guzmán, las papillas dirigidas a niños de menos de seis meses suelen llevar en torno a un 25 % de azúcar. Si reduces el contenido de azúcar de un paquete de 100 gramos un 20 % en el mejor de los casos estás reduciendo su contenido en azúcar 5 gramos, pero es que siguen quedando 20 –y el límite diario recomendable, según la OMS, es 25–. “Sencillamente, los niños no deben tomar esas papillas”, apunta el activista.
La industria asegura que su compromiso es real
La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) ha rechazado participar en este reportaje para comentar el plan de colaboración con el Gobierno, “pues es una cuestión que está gestando”. Danone, que ha sido una de las últimas empresas en anunciar su compromiso con la reducción de azúcares, sí ha atendido a Directo al Paladar.
Laia Mas, directora de Public Affairs del área ibérica de la compañía, asegura que “no puede haber desarrollo económico sin crecimiento social, ni productos saludables sin un entorno saludable”, y, es por ello, que se revisan y mejoran permanentemente los yogures.
“En este sentido, en la última década en Danone España hemos reformulado el 60 % de las referencias con azúcar añadido, reduciendo en un 16 % el azúcar añadido de nuestros productos. Nuestro compromiso es firme para que nuestro impacto sobre la alimentación y salud sea en cualquier caso positivo, ya que nuestros productos son saludables”, asegura Mas.
Imágenes | Ponce Photography/MSSI/Danone
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