Primavera de 2002. La Plaza del Dos de Mayo, uno de los centros neurálgicos del botellón madrileño, está llena a rebosar. Miles de jóvenes se concentran todos los fines de semanas para beber en la vía pública sin ningún tipo de restricción.
En las calles del barrio de Malasaña, las tiendas de conveniencia –a las que todos se refieren simplemente como chinos– tienen todo preparado. El euro está recién estrenado y han subido los precios de todo, pero cualquier mequetrefe se puede permitir comprar el económico pack de dos bricks de vino, una botella de dos litros de Coca-Cola, una bolsa de hielos y un par de vasos de mini. No llega a los cinco euros. Si no quieres los vasos te puedes ahorrar unos céntimos mezclando el calimocho en la bolsa de plástico (que aún nadie cobra) para luego servirlo en el tetabrick vacío. Economía circular.
Los vecinos llevan años quejándose de los ruidos y la suciedad que dejan los jóvenes tras abandonar las calles de madrugada. Razón no les falta. Los únicos funcionarios de uniforme que entran en la plaza –policía secreta hay a patadas– son los bomberos, que acuden casi todas las noches a apagar las hogueras de tamaño descomunal que montan algunos grupos. También el Samur, que no deja de atender intoxicaciones etílicas.
Eran los años dorados del botellón. Un fenómeno cultural que se extendió por toda España y abrió periódicos e informativos hasta que, a principios del segundo milenio, las Comunidades Autónomas decidieron cortar de raíz con este, prohibiendo consumir alcohol en la calle.
El objetivo: desplazar el consumo
Aunque Cantabria, Castilla y León y Cataluña habían probado ya algunas leyes para atajar el consumo de alcohol en la vía pública, la más dura fue la Ley de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos de la Comunidad de Madrid, que entró en vigor la madrugada del 28 de julio de 2002. Más conocida como ley antibotellón, fue su modelo el que se fue extendiendo por toda España.
A día de hoy, solo está permitido beber alcohol en la calle en siete comunidades autónomas: Andalucía, Asturias, Baleares, Galicia, Murcia, Navarra y País Vasco. Muchas de ellas, no obstante, prohibieron hacerlo durante la pandemia y algunas de las normas aprobadas entonces no se han revocado. Además, el botellón está prohibido de facto en toda España desde la aprobación en 2015 de la Ley organica de seguridad ciudadana –más conocida como ley mordaza– que prohibe "causar desórdenes" en la vía pública así como consumir drogas, aunque no estén destinadas al tráfico. Esta es la ley que, de hecho, se está aplicando en los botellones en la mayoría de comunidades, tengan o no una ley ad hoc, pues no requiere demostrar si quiera que se estaba consumiendo alcohol.
Hace dos décadas, las leyes antibotellón provocaron una fuerte reacción entre la muchachada –incluidas varias noches de cargas policiales en las zonas donde más se practicaba botellón–, pero en la práctica acabaron con los botellones más multitudinarios. Pero, ni mucho menos, han logrado que se beba menos. Y es que, como explican los expertos en drogodependencias, estas normas no fueron creadas en ningún momento con la perspectiva de mejorar la salud pública.
“Una norma para tener un efecto pedagógico tiene que ser respetada y las que tienen que ver con el consumo del alcohol no lo son”, explica a DAP Miguel Ángel Rodríguez Felipe, subdirector de programas de la Fundación FAD Juventud. “Hasta ahora, y así siguen los datos, cuando preguntas a la sociedad y a los adolescentes si el alcohol es un problema te dicen que la percepción de riesgo es muy baja”.
En opinión de Rodríguez, en lo que respecta a la salud pública, no tiene sentido desligar el consumo del alcohol de jóvenes y adultos: “El consumo de alcohol de los jóvenes está absolutamente vinculado con el consumo general de alcohol. No son marcianos. Viven con nosotros, beben de esa ley y esa cultura”.
Precisamente, lo que hacen las leyes antibotellón es perseguir el consumo de alcohol propiamente juvenil –el que se practica en la calle, porque es más barato–, pero en ningún caso persigue el consumo de los adultos, que pueden beber al aire libre sin problemas, gastando lo que cuesta una consumición en una terraza. Además, todo el mundo puede seguir bebiendo en las fiestas patronales, para las que siempre hay excepciones.
Los jóvenes, en realidad, pueden seguir bebiendo, siempre que no molesten. Y esto tiene consecuencias no deseadas.
Botellón, sí, pero a escondidas
Los jóvenes no dejan de beber, simplemente se desplazan a lugares en los que no es tan fácil que les pillen. Algo que tienen claro, incluso, desde la Policía.
“Somos conscientes de que los problemas lo que hacen es trasladarse”, reconoce a DAP Alejandro Sanz Ruiz subinspector de la Unidad Central de Seguridad de la Policía Municipal de Madrid. “Cuando se ven protegidos por la masa les da igual porque piensan que no les vas a pillar, pillas al que menos corre o al más borracho, pero otros lo que hacen es esconderse, y lo que buscan es no molestar al vecino, porque si no molestas no llega la llamada y no vamos”.
En 2016, una niña de 12 años falleció en San Martín de la Vega (Madrid) tras hacer botellón con unos amigos en un descampado de la localidad. Sus amigos, al menos, la trasladaron al centro médico local. El año pasado, una menor de 15 años casi corre la misma suerte tras sufrir un coma etílico en un parque del madrileño parque de San Blas: sus amigos salieron corriendo asustados por temor a que llegara la policía.
Son casos aislados, de los que es difícil sacar conclusiones generales. Pero para el portavoz de la FAD, que los jóvenes se escondan para no ser multados es un efecto perverso de la norma: “Si tu prioridad es el orden público, no la salud pública, hay derivadas no deseadas. El consumo se produce como la mayor parte de las decisiones de la vida valorando riesgos y beneficios. Si te van a cascar una multa te escondes y esto incrementa el descontrol social y mayor riesgo, sin duda. Desde el sentido común es claro”.
El consumo en los jóvenes baja, pero gracias a Internet
El subinspector Sanz entró en la Policía Municipal un año antes de que entrara en vigor la ley antibotellón y es consciente de cómo ha evolucionado la situación. Cuando salió la ley, explica, se redujeron mucho los botellones: se recibían unas 10.000 llamadas al año. Pero desde el año 2006, cuando el asunto empezó a relajarse, las llamadas no han bajado de en torno a las 35.000 o 40.000 al año.
Tampoco han desaparecido los macrobotellones. En Madrid, los hay todos los años en el Parque del Oeste y en Ciudad Universitaria, donde no hay vecinos que puedan quejarse. Cuando hay demasiada gente, la actuación de la policía se complica. “La gente se ve protegida por la masa y van en nuestra contra, hay incluso lanzamientos de botellas”, explica el subinspector Sanz. “También de dos años para acá en los botellones se han multiplicados los hurtos”.
En opinión de Sanz, pasada la pandemia, cuando el botellón se redujo drásticamente, este ha vuelto con la misma fuerza que siempre.
La última Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), de 2021, señala que más de la mitad de los estudiantes de 14 a 18 años ha bebido alcohol recientemente (en los últimos 30 días), observando que el 23,2% de los estudiantes ha experimentado alguna borrachera en este periodo y el 27,9% ha realizado el conocido como binge drinking: es decir, ha tomado 5 o más vasos de bebidas alcohólicas en un intervalo aproximado de dos horas.
Son cifras altas, pero que llevan bajando desde 2012. Por contrario, desde 2002, cuando entraron en vigor las leyes antibotellón, hasta esa fecha, lo que han hecho es subir.
Lógicamente, la covid-19 provocó un desencenso en el consumo de alcohol entre los jóvenes. Pero aunque la pandemia ha distorsionado los datos de los últimos años, parece que está habiendo un cambio de hábitos en el consumo, no derivado de los confinamientos y, mucho menos, de los efectos de las leyes antibotellón.
Se trata de un fenómeno de largo alcance, que aún debe estudiarse a fondo, pero que en opinión de Rodríguez no es desdeñable: “Hay una reducción en el consumo de alcohol porque hay una mayor tendencia a un ocio digital y menos presencial. La presencialidad se reduce por el contacto digital que hacen que se vean menos y consuman menos alcohol porque salen menos. Es una tendencia a comprobar, pero podría ser importante en los próximos años”.
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Se trata, en cualquier caso, de mejoras marginales. El alcohol es, de largo, la droga que más problemas causa en España. Según la Sociedad Española de Epidemiología, los costes sociales totales del consumo de alcohol en España pueden estimarse en alrededor del 1% del PIB (más de 10.000 millones de euros).
Y de lo que no tiene duda Rodríguez es de que estos no van a reducirse por perseguir que la gente beba en la calle: “La mejor manera de prevenir el botellón no es prohibirlo, eso es una utopía, sería mejor que empezarán a consumir más tarde y consumieran menos, y esto tiene que ver con una conciencia total, que empezara porque los mayores consumiéramos menos”.
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