El juzgado de instrucción 52 de Madrid está investigando al dueño del grupo Restalia, José María Fernández Capitán, fundador de enseñas como 100 Montaditos, La Sureña o The Good Burger, y a otra veintena de responsables de la compañía, por presuntas estafas que habrían sufrido decenas de franquiciados del grupo en toda España.
Tal como ha adelantado la agencia Efe, La denuncia, interpuesta por un grupo de 31 franquiciados a través del despacho Rafael Franco Abogados, acusa a Restalia de un delito continuado de estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos.
La denuncia incluye, además, un posible delito contra los consumidores, pues, siempre según los denunciantes, Restalia estaba suministrando a sus franquiciados carne con una fecha de consumo preferente pasada, lo que podría constituir “graves riesgos para la salud pública”.
La investigación se encuentra aún en una fase preliminar, pero, según los denunciantes, Restalia y los responsables de las empresas habrían ocultado la existencia de acuerdos con proveedores que hacían inviable el proyecto.
Franquicias inviables
Al margen de los posibles delitos contra la salud pública, el meollo de la denuncia carga contra un modelo de franquicias –que ya ha sido perseguido en EEUU– por el que la empresa que vende estas promete unos beneficios irreales y, a la larga, imposibles de conseguir.
La denuncia señala que “los denunciados ocultaron, de manera deliberada, a los franquiciados la existencia de acuerdos con proveedores que suponían, en definitiva, que la franquicia resultase inviable”.
Antes de que se firmaran los contratos, explica la denuncia, la empresa presentaba unos estudios de viabilidad irreales, que mostraban unos beneficios que eran imposible de alcanzar. Después, se desplegaba un entramado de precontratos y contratos de desarrollo con condiciones aparantemente ventajosas que desembocaban en un contrato final en el que, según los denunciantes se “imponía un modelo de negocio inviable con toda suerte de sobrecostes”.
Si ganas dinero, va a ser poco
La realidad, como ha explicado a DAP un franquiciado de la compañía, es que la única forma de que un 100 Montaditos dé beneficios es teniendo un gigantesco volumen de ventas, pues la empresa controla los precios –que son siempre bajísimos–, obliga a contratar a los mismos proveedores y deja un escasísimo margen de operatibilidad a los franquiciados. Con suerte estos consiguen ganar algo de dinero con las copas, una de las pocas patas del negocio que no están tan reguladas, pero es muy difícil beneficiarse de esto si, por ejemplo, tu restaurante está en un centro comercial.
Para los denunciantes, esta “fijación unilateral de precios” y “la obligación de abastecimiento en exclusiva de mercancías de proveedores homologados” es propia de una “organización criminal”.
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La denuncia, explican en El País, incluye un audio en el que un franquiciado pregunta a un asesor de Restalia: “Pero si yo lo estoy demostrando que puedo comprar más barato y darle viabilidad a mi empresa y que no tenga que cerrar, ¿tampoco me van a dejar?”. A lo que le responden: “Si no es el producto homologado...”
Restalia ha respondido a las acusaciones con un comunicado en el que asegura que la sociedad cumple “rigurosamente” la regulación vigente y, además, no tiene constancia ni ha recibido denuncia ni citación alguna” y manifiesta “la absoluta tranquilidad de haber actuado de manera transparente y acorde a los contratos y acuerdos con sus franquiciados en todos sus términos y condiciones”.
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