Los productores californianos protestan porque ahora sean las autoridades mexicanas quienes ejecuten el control sanitario de las plantaciones
Como telón de fondo aparece la cada vez mayor presencia de cárteles de la droga dentro de negocios legales
Es habitual que en España digamos eso de no se puede hacer una tortilla sin romper unos huevos. Algo que, si lo trasladamos gastronómicamente a la frontera entre Estados Unidos y México, podríamos sintetizar en que no se puede hacer un guacamole sin machacar un aguacate.
Y es aquí, precisamente, donde está uno de los quid de la cuestión que amenaza con poner en pie de guerra a los agricultores estadounidenses de aguacate. ¿El motivo? La hipótesis de que sea directamente la administración mexicana la que garantice la seguridad sanitaria de los aguacates que se exportan.
No es una cuestión menor. Tampoco un capricho. Alrededor del 80% de los aguacates que Estados Unidos consume se importan desde México en una cifra de consumo que no deja de subir.
En 1998, un estadounidense apenas consumía apenas 1,75 libras (unos 800 gramos) de aguacate al año. En 2018, con los datos del United States Department of Agriculture (el homólogo, en cierto modo a nuestro Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), ya consumían ocho libras (3,6 kilos).
Una cantidad que, evidentemente, ha venido también incrementada por la cada vez más notable presencia de migrantes iberoamericanos en Estados Unidos, especialmente mexicanos, asociada también a una gastronomía donde el aguacate es muy importante.
Tanto, insistimos, como para que sea una de las importaciones agroalimentarias más potentes de Estados Unidos y la que esté ahora causando el recelo en sus productores.
En 2023, Estados Unidos recibió de terceros países nada menos que 2,7 millones de libras de aguacate fresco. Al cambio en kilos son algo más de 1.200 millones de kilos. Por ponerlo en contexto de nuevo, Estados Unidos produjo para esa campaña unos 210 millones de libras (unos 95 millones de kilos).
La situación hace que sea México quien tenga la sartén por el mango en un lucrativo negocio que supuso en 2023 que los aguacates fueran la segunda importación agroalimentaria –en términos de facturación– más potente de Estados Unidos, solo después del tomate.
El dilema llega cuando el APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service, un organismo dependiente del USDA), cuyos miembros se dedican a certificar las condiciones sanitarias de los cultivos y los envíos desde México, dejará de supervisar los campos y las producciones, dejando que sean las autoridades mexicanas las que cercioren que los productos cumplen con el estándar que Estados Unidos marca.
Tal y como advierte el propio Gobierno de México en un comunicado de prensa fechado el pasado 19 de septiembre, en el que se advierte de que será personal del ministerio de Agricultura mexicano quien se haga cargo de la tarea.
Algo que el lobby California Avocado Commission duda. Tanto como para que esta asociación de productores haya escrito una carta al Secretario de Agricultura Tom Vilsack (lo que sería nuestro ministro del ramo) en la que advierten que la acción "revierte el proceso de inspección establecido desde hace tiempo y diseñado para prevenir invasiones de plagas conocidas en México que devastarían nuestra industria".
En este caso, se podría decir que llueve sobre mojado. La decisión de retirar al APHIS puede tener un cariz más político que económico, pero eso no significa que no esté condicionada. Tanto, como para como afirman en la revista Fortune, que en el pasado los miembros del APHIS hayan sufrido chantajes, extorsiones y amenazas en México por realizar su trabajo.
Una diatriba que incomoda al California Avocado Commission, sobre todo porque no solo Estados Unidos depende de la producción mexicana del aguacate, sino porque también están a expensas de la importación de los propios árboles. En el mapa, como decimos, aparece un pasado donde en momentos puntuales se han producido ataques o amenazas a estos funcionarios estadounidenses.
Como sucedió el pasado mes de junio, cuando varios inspectores fueron atacados en Michoacán, uno de los dos estados con permiso de exportación (el otro es Jalisco), y que supuso la suspensión temporal de las inspecciones. También sucedió en 2022, cuando un inspector fue amenazado (también en Michoacán) por no dar validez a un envío en el que sospechaba que se incluían aguacates de otros estados mexicanos y que también supuso la suspensión de las importaciones.
Todo ello va aderezado por la cada vez mayor presencia de distintos cárteles de la droga que están entrando en el mercado del aguacate, que es lo que genera la duda de la California Avocado Commission y que, en castellanas maneras, podría suponer colocar al zorro a cuidar el gallinero. Un dilema que está llevando a muchos medios estadounidenses a cuestionar a sus lectores si son conscientes de lo que hay detrás del aguacate que acaba en su plato.
Imágenes | pvproductions / jcomp / Freepik / iStock
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