El Congreso contra la reduflación. Todos los partidos, menos Vox, quieren obligar a las empresas a notificarla

Es posible que no sepas quién es Philippa 'Pippa' Malmgren, economista estadounidense aunque de origen británico, pero desde hace unos cuantos años su trabajo o, más bien, un detalle de su trabajo, se ha convertido en un mantra largamente repetido.

A esta experta en geopolítica y economía tecnológica se la conoce por haber acuñado el término reduflación –shrinkflation, en inglés– que podemos resumir de manera muy simple en el proceso en que un producto merma, en tamaño o cantidad, pero su precio se mantiene o aumenta.

La cuestión es que la reduflación, al menos según pretende el Congreso de los Diputados, puede tener las horas contadas. O, en la medida de lo posible, que los usuarios sepan cuándo un producto es más pequeño que antes, pero igual de caro o incluso más.

Convertida en una propuesta no de ley por parte del PSOE, algo relativamente raro, teniendo en cuenta que está en el gobierno, el Congreso pretende incluir modificaciones en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios por la que las empresas estarían obligadas a informar durante tres meses de manera clara si recurren a la reduflación.

En este sentido, el Grupo Socialista pretende que, cuando un producto preenvasado con una cantidad nominal constante, se informe de manera clara y comprensible cuando se reduzca dicha cantidad y eso se traduzca en un aumento del precio por unidad de medida si se mantiene el mismo diseño de envase o similar.

En este supuesto, parte de las críticas apuntan a la normativa actual donde se exige mostrar el precio, pero que no regula la reduflación, lo cual se puede aprovechar en ciertos casos por las empresas para confundir al consumidor, especialmente tras escenarios inflacionistas como el que se ha vivido en los tres últimos años.

Tras presentarse en el hemiciclo, todos los partidos políticos han votado sí a la propuesta, aunque haya habido algún comentario sobre si la medida llega tarde o es insuficiente, además de la negación del grupo parlamentario de Vox a refrendar el acuerdo.

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