A pesar de diferentes colores políticos, la medida está en el argumentario de izquierdas y derechas en distintos países
Se trata del primer país europeo que prohíbe este tipo de instalaciones en terrenos agrícolas
Es oficial, aunque largamente perseguido. El gobierno italiano ha promulgado un decreto-ley que coloca la simiente de una realidad que llevaba varios años sobre la mesa en el país transalpino. No solo Italia se hace esa misma pregunta, pero de momento es el primer país europeo que pone coto a una realidad que salpica de lleno a la extensión de los sistemas fotovoltaicos.
Tras varios trámites parlamentarios, el ejecutivo dirigido por Giorgia Meloni ha incorporado dentro de un paquete de medidas entre los que se incluye la regulación del uso de paneles fotovoltaicos.
No es que Italia vaya a prohibir su colocación, pero sí va a limitar el tipo de terrenos donde se puedan instalar. En este sentido, Italia se convierte en pionero dentro de Europa en una prohibición que también ha resonado otros países, incluso España, planteándose en el debate de la instalación de paneles fotovoltaicos en terrenos agrícolas.
Algo que a mayo de 2024 es totalmente factible en nuestro país, por poner un ejemplo, a pesar de que numerosas asociaciones como la plataforma SOS Rural abogan por limitar, que han insistido por activa y pasiva sobre la necesidad de regular este tipo de instalaciones.
Considerado como "un movimiento político absolutamente decisivo para el conjunto del campo en el sur de Europa", SOS Rural avala la medida implantada por el gobierno italiano, dirigido por la líder derechista Giorgia Meloni.
Parte de la ironía de la situación se da en comprobar que el fenómeno no está entendiendo, al menos en estas orillas del Mediterráneo, de color político. En España, el partido de izquierdas Sumar ha presentado una proposición no de ley que regule la instalación de placas solares en terrenos cultivables, además de en zonas de especial protección ecológica.
Una preocupación que, con diferentes caminos, se extiende hacia un mismo objetivo. Si bien para algunos partidos políticos se convierte en una herramienta para garantizar la soberanía alimentaria nacional, para otros también influye en la forma de entender el ecosistema y el medio ambiente, además de garantizar medidas de supervivencia para el rural.
Algo que también advirtió Francesco Lollobrigida, ministro italiano de Agricultura, Soberanía Alimentaria y Bosques, en declaraciones que recoge Agricultura.it, indicando que "la tierra sirve para producir y la producción de energía debe ser compatible con la producción agrícola", explicando a su vez que "no prohibimos las plantas, optimizamos la agricultura".
Dentro del decreto, Lollobrigida también se jacta de incorporar medidas para "acabar con la especulación que daña el medio ambiente y nuestro modelo productivo", mensaje que también ha trasladado en otros periódicos italianos como La Stampa, donde ha asegurado que "incorporar la soberanía alimentaria a la Constitución es un deber de todos".
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