La situación también afecta a las exportaciones de tomate procedentes del país africano
El Tribunal de Justicia de la UE considera que hay una vulneración de los derechos del pueblo saharaui
Son 92, de un total de 138, las licencias de pesca correspondientes a barcos con pabellón español que tenían derecho a faenar en aguas de Marruecos. El acuerdo, firmado a dos bandas entre el país alauita y la Unión Europea en 2019, obvió el consentimiento del Sáhara Occidental.
Razón por la que el Frente polisario elevó una reclamación al Tribunal de Justicia de la UE que el 4 de octubre de 2024 ha dictaminado que existía una vulneración de los derechos del pueblo saharahui, no teniéndose en cuenta el principio de autodeterminación, suponiendo así la anulación del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos.
No obstante, el acuerdo no solo salpica a la pesca, especialmente a la española, ya que entre embarcaciones gallegas, vascas y andaluzas se contabilizaba más del 75% de los buques europeos permitidos, sino también a la agricultura.
El acuerdo entre Europa y Marruecos lleva oficialmente suspendido desde julio de 2023, tras haber sentenciado el Tribunal General de la UE en 2021 que aquella firma no había tenido en cuenta los intereses de la población saharahui.
El fallo de 2023 anuló así el convenio, que la Unión Europea y Marruecos habían sellado en 2019, y ante el que el Frente Polisario, como representante saharaui, protestó y elevó la queja al Tribunal de Justicia de la Unión Europeo, que lo considera un interlocutor válido.
En su día, tanto el Consejo de la UE (que cuenta con representación de los 27 países miembros) y la Comisión Europea recurrieron el fallo que, sin embargo, se ha mantenido y que pone fin al litigio, ya que queda claro que "el pueblo saharaui no dio su consentimiento a los acuerdos comerciales", como avala la fundamentación del alto tribunal comunitario.
La decisión, además de al acuerdo de pesca que expiró en 2023, también salpica a un acuerdo que se firmó para liberalizar la importación de productos agrícolas que sí sigue vigente. No obstante, el Tribunal de Justicia ha dado un período de doce meses de moratoria, habida cuenta de que la anulación inmediata supondría "consecuencias negativas graves para la acción exterior de la Unión por razones de seguridad jurídica".
No obstante, la Agencia EFE ha recabado información sobre la nueva situación en la que podría ser viable un escenario a corto plazo que remediase la situación, ya que todo dependería del visto bueno del Sáhara Occidental y su consentimiento.
Imágenes | iStock
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