Cuando el agua suena, río lleva. O no lleva agua, pero hay ruido. Concretamente a raíz de la polémica en Doñana sobre las intenciones de la Junta de Andalucía de aumentar la superficie de cultivo en las proximidades del Parque Nacional, cuya jurisdicción corresponde al gobierno regional.
Azuzado como avispero político a raíz de las pasadas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, el cruce de acusaciones entre el gobierno de España, socialista, y el ejecutivo andaluz, liderado por el Partido Popular, ha puesto en la picota una realidad que ha salpicado más allá de nuestras fronteras, aunque haya poca agua.
Entre medias, la cadena de supermercados Aldi y una petición a diversos establecimientos alemanes que instaba a reducir las compras de fresa española (procedente en mayor parte de Andalucía, que produce cerca de 324.000 toneladas de esta fresa, cuando el total español está en las 360.000 toneladas) debido al uso intensivo que se hacía de los recursos hídricos.
Convertida en arma de combate arrojadiza en la arena política, la realidad es que el ruido generado ha tenido más que ver con los intereses creados que con los propios agricultores y con el propio Aldi.
De hecho, la realidad es que esa petición —firmada a través de Campact!, una plataforma similar a Change.org, es decir, no vinculante— apenas ha superado las 160.000 firmas. Sin embargo, parece haber hecho más eco en España que en la propia Alemania.
El ruido político
Lo cierto es que, aunque se esté haciendo uso de acuíferos ilegales, los agricultores andaluces han insistido que los cultivos de fresa más cercanos al Parque Nacional están a 35 kilómetros de los límites de Doñana.
El coleo de la situación, resumido en un duelo político entre campañas electorales, también se avivó con la supuesta presencia de una serie de parlamentarios alemanes que iban a acudir a Doñana para comprobar la situación y que, finalmente, no se ha producido.
Lo que sí sabemos es que el pasado 8 de mayo, bastante antes de que estallase toda la polémica en nuestro país, Aldi Süd, la mitad de la empresa alemana, que en este caso opera en el sur del país, publicaba en su página web un comunicado de compromiso con la agricultura local.
En él se recogen las palabras de Erik Döbele, Managing Director National Buying & Services de ALDI SÜD, que además avala que desde el 10 de abril sólo se comprarían espárragos alemanes y que, a partir del 15 de mayo, todas las fresas que comercializasen debían ser de origen alemán.
Bajo un paraguas de sostenibilidad que también tiene tintes proteccionistas, la realidad es que en el comunicado de Aldi Süd no hay ninguna mención a España, a Doñana o a la sequía, sino simplemente a apostar por recolecciones cercanas y rutas de transporte cortas que apoyen al agricultor alemán.
"Para nosotros, la norma es: siempre que haya fresas regionales o alemanas disponibles en el supermercado, las compramos únicamente durante la temporada. Dependiendo del tiempo, esto puede durar hasta finales de agosto", explicaba Döbele en el comunicado que ahora amenaza a Aldi en nuestro país.
¿Proteccionismo o ecologismo?
De nuevo, el bumerán político convierte una medida ecologista (pero proteccionista) de un supermercado en el objeto de las críticas vehementes del cliente español, que ahora insta —a través de Twitter— a boicotear a Aldi.
Entre medias, también las declaraciones de Interfresa (la organización interprofesional representativa del sector de la fresa y los frutos rojos en Andalucía) a Europa Press, que asegura que "el cien por cien de las fresas y los frutos rojos exportados cuenta con la certificación 'Spring' de GLOBALG.A.P IFA para cultivos", citando que supermercados alemanes como Rewe, Aldi, Lidl, Edeka y Kaufland avalan estas prácticas.
La realidad, como explican desde Xataka, es que la ley que pretende implementar el Partido Popular con el apoyo de Vox, vendría a solucionar un problema derivado de la reordenación del terreno que hizo la Junta de Andalucía —cuando estaba gobernada por el PSOE— prohibiendo cultivos en determinadas zonas que siempre habían estado destinadas a tal fin, como explica Eldiario.es y que corresponderían a unas 750 hectáreas de terreno.
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En la tramitación parlamentaria que Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta, intenta poner en marcha, además aparece la amnistía para los regadíos ilegales que están en la corona norte de Doñana —fuera del Parque Nacional— y que formarían parte de esos terrenos que el PSOE reordenó cuando gobernaba Andalucía, vinculados a los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, tal y como se desprende de la tramitación parlamentaria andaluza.
La distorsión, que es la que ha salpicado a Aldi, tanto en España como en Alemania, dista mucho del compromiso que la firma mantiene en sus supermercados, independientemente del país, pues siempre procura que los productos frescos sean de proximidad, haciendo campaña por la temporada y por los productores locales.
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