Acabar con la especulación del precio del pescado a través del sistema de cuotas, equiparar los derechos de jubilación de las mariscadoras de a pie con la de los mariscadores de a flote y ofrecer una mayor protección a otros colectivos, como rederas o empacadoras, están en el tintero del proyecto de Ley de Pesca Sostenible que ya ha aprobado el Consejo de Ministros.
La propuesta, pendiente de la tramitación y aprobación parlamentaria, supondría renovar la Ley de Pesca Marítima, promulgada en 2001, y en la cual hay varios supuestos que ya han quedado obsoletos.
La mayor parte del texto, según diversas fuentes, se centra en las mejoras de derechos de jubilación de buena parte del sector (especialmente en las mujeres) y, sobre todo, en la reasignación de cuotas pesqueras con el fin de acabar con la especulación de precios.
Igualdad entre hombres y mujeres
Aunque de forma teórica no hay una diferenciación que impida que hombres o mujeres sean mariscadores de a flote (por ejemplo, los que trabajan en bateas) o mariscadores de a pie (el rastrilleo, por poner un caso), la realidad es que la primera labor es eminentemente masculina, mientras que la segunda es principalmente femenina.
Sin embargo, los coeficientes para el cálculo de las pensiones y la jubilación son distintos entre los primeros y los segundos. Esta situación genera una desigualdad que obliga a los mariscadores de a pie a trabajar más para obtener una pensión que se pudiera asemejar a la de los mariscadores de a flote.
El proyecto de ley, presentado por Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, pone sobre la mesa un nuevo coeficiente reductor del 0,15 para distintos gremios. Entre los citados, las rederas, las neskatillas o las empacadoras. Además, el mismo ratio de reducción se aplicará a mariscadoras de a pie y mariscadores de a flote.
Cuotas redistribuidas para limitar la especulación
Aunque la ley está muy orientada también a mejorarlas condiciones de la pesca y su sostenibilidad, uno de los caballos de batalla más ambiciosos del proyecto de Planas está en la redistribución de cuotas de pesca. Según la publicación del propio ministerio, la ley pretende utilizar de forma más eficiente y flexible las cuotas de pesca.
La pretensión del gobierno es "eliminar cualquier tipo de especulación" sobre las cuotas, reasignando tras cada temporada los propios organismos públicos los derechos de pesca y la cantidad de pescado por buque. Según el ministro, se ahonda en la defensa de "un bien público cedido temporalmente" al ámbito privado y en una "mejor atribución" de estas cuotas.
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Esta racionalización tiene como objetivo no solo garantizar la seguridad jurídica de los operadores —los pescadores—, sino también una optimización de su uso para los días asignados a España. Esta gestión pretendería frenar la especulación del precio del pescado ya desembarcado, ya que se crearán mecanismos de transmisión entre buques para cumplir con los cupos de pesca.
Por último, aunque el proyecto de ley es muy ambicioso y toca muchos palos, también se explica que la nueva ley pretende abordar la gestión de la pesca de recreo en aguas exteriores para conocer su impacto tanto en la economía como en los recursos pesqueros.
Imágenes | iStock / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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