Pulpos y langostas ilegales: un restaurante de Santa Pola se enfrenta a una multa de hasta 60.000 euros

Han sido 35 los kilos de marisco de los que el Seprona se ha incautado en un conocido restaurante de Santa Pola, ante la imposibilidad de la propietaria de acreditar la procedencia legal del marisco en cuestión.

Todo parte de una inspección que la Guardia Civil ha llevado a cabo tras la apertura de una investigación iniciada por el Seprona. Puesto en marcha el Servicio de Protección de la Naturaleza para buscar el pesquero que realizó las capturas, sería ya la Guardia Civil la que se personase en el establecimiento, situado en el puerto de esta localidad alicantina, la que incautase el producto.

En total, 42 ejemplares de langosta y pulpo de roca que habían sido capturados ilegalmente y comercializados sin trazabilidad, lo cual expone a la responsable del establecimiento a una multa que puede llegar a los 60.000 euros.

La ausencia de trazabilidad del producto impide así al mismo tiempo que no se puedan establecer garantías sanitarias para su consumo, por lo que se corre también el riesgo de que su ingesta pudiera significar problemas para los clientes.

Incautado el pasado 21 de agosto, este cargamento constaba de 37 ejemplares de langosta y de cinco pulpos de roca, dos de los mariscos más reputados de las costas alicantinas. Aparecidos en los arcones del congelador del restaurante, los productos carecían de cualquier tipo de información que acreditase clase, origen, fecha de caducidad o control sanitario.

Mientras la Benemérita sigue buscando al pesquero que pudo proveer de estos mariscos al restaurante, las sanciones a las que se puede enfrentar la dueña del establecimiento podrían suponer hasta 60.000 euros por infringir la Ley 5/2017 de pesca marítima y acuicultura y de hasta 4.000 por hacer lo mismo con la Ley 14/1986 General de Sanidad.

A todo ello se suma la persecución a la citada embarcación, aún desconocida, que tendría que enfrentar cargos por pesca ilegal, lo cual supone no solo un fraude a la hacienda pública, sino también por la existencia de riesgos sanitarios y de daños al medio ambiente, como explican desde el diario Información.

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