Este mes de agosto se cumplirán tres años del caso de la carne mechada contaminada de la marca Magrudis que provocó el mayor brote de listeriosis de la historia de Europa, y es ahora cuando la juez que instruye el caso acaba de dar por concluida la investigación. La instructora imputa a los dueños de la empresa andaluza y declara responsable civil al Ayuntamiento de Sevilla.
El brote de Listeria, que se extendió posteriormente a otros productos elaborados por la misma empresa, se asoció a un foco inicial localizado en una mechadora que probablemente extendería la contaminación a otros utensilios y maquinarias de la fábrica.
Este brote de listeriosis terminó siendo el mayor de la historia de España y de toda Europa, con 244 personas afectadas con síntomas como vómitos, diarreas y fiebre, provocando causando cuatro muertes directas y seis abortos en mujeres embarazadas.
La gravedad del caso y la lentitud por parte de las administraciones a la hora de actuar en consecuencia con la información inicial de la que se disponía, ha llevado a la instructora a procesar también a la veterinaria municipal y al Ayuntamiento sevillano por "por una presunta actuación deficitaria y anormal del servicio público que debe prestar", así como a la Compañía de Seguros AXA S.A.
Cabe recordar que el brote de Listeria estalló siendo alcalde de Sevilla Juan Espadas, del PSOE, que abandonó el consistorió recientemente para concurrir como candidato del PSOE a la presidencia de Andalucía.
En el auto publicado el pasado miércoles, la jueza acordó continuar las actuaciones contra cinco de los investigados por un delito contra la salud pública, cuatro delitos de homicidio imprudente, seis delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 244 delitos de lesiones por imprudencia grave.
La instructora del caso ha decidido continuar los procedimientos legales, además de contra la familia dueña de Magrudis y la veterinaria, contra el arquitecto acusado de delito de falsedad documetal en documento oficial, y al asesor de la empresa por un delito leve de defraudación del fluido eléctrico al conocer la existencia de un enganche ilegal.
Se han calculado que los gastos generados por el brote de listeriosis en la sanidad pública ascendieron a unos 800.000 euros, y si se confirma la responsabilidad civil del Ayuntamiento tras celebrarse el próximo juicio oral, deberán asumir las indemnizaciones que soliciten los afectados y el coste sanitario total derivado del caso, cifrado en 3,4 millones de euros.
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