La crítica comunitaria salpica en España al viñedo castellano-manchego
También acusa a los gobiernos nacionales de no fiscalizar el correcto uso de estos fondos
Ni más competitivo ni más sostenible, además de aparentemente opaco o difícil de registrar. Así son las terribles conclusiones que el Tribunal de Cuentas Europeo obtiene de la industria del vino a nivel europeo, aunque, como se desprende de su informe, hay mucha letra pequeña que merece la pena analizar.
En este caso, tras haber analizado el período 2014-2023, han constatado que el sector del vino en Europa ha recibido hasta 5.000 millones de euros y, sin embargo, no cumple con los criterios medioambientales que exige la PAC (política agrícola común) y que tampoco está claro que realmente se esté mejorando la competitividad. Aunque, para tenerlo en conjunto, la realidad es que el presupuesto de la PAC para el período 2023-2027 es de 270.000 millones de euros.
Así se aprecia en las 58 páginas del informe que el Tribunal de Cuentas comunitario pondrá al servicio de la Comisión Europea, a la que recomienda tras su lectura que "oriente la medida de restructuración y el régimen de autorización de plantaciones al fomento de la competitividad y eleve la ambición medioambiental de la política vitivinícola".
Sin embargo, como decimos, en el informe hay mucha letra pequeña. Para empezar porque de los cinco países auditados (Francia, Italia, Grecia, Chequia y España) hay diversidad de tomas de decisiones. Además, en el caso español, las medidas de auditoría llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas se centran únicamente en el viñedo de Castilla-La Mancha, mayoritariamente destino a la producción de graneles y vinos de mesa sin marcas de calidad como DOP o IGP.
No obstante, en el informe también indican que hay determinadas zonas en Europa, como la de Cognac o Ribera del Duero, donde el aumento de la plantación ha sido muy superior al 1%, citando en el ejemplo español a un crecimiento del 4% anual en extensión para la DOP Ribera del Duero, lo que superaría en ocho veces el límite anual de aumento nacional.
No obstante, los refrendos comunitarios son claros. Por un lado, consideran que hay una "claridad insuficiente respecto al modo en que la medida de reestructuración aumenta la competitividad". Principalmente, como explican, también se debe a las permisividades políticas que provocan que los criterios de admisibilidad o prioridad a la hora de recibir subvenciones sean dispares en los distintos países.
En este caso, el Tribunal de Cuentas atiza además directamente al viñedo castellano-manchego en su reestructuración. En el informe, citan lo que denominan como el ejemplo airén, ya que las autoridades de Castilla-La Mancha, en pos de una mayor competitividad, excluyeron a la uva airén (blanca y mayoritaria en su viñedo) de la lista de variedades para la reestructuración.
Variedades menos sostenibles y poca implicación estatal
En cambio, se permitió la plantación de la uva syrah (tinta, con una mayor salida al mercado), pero donde el tribunal explica que la medida "puede haber ejercido impactos medioambientales negativos" porque la syrah podría tener un mayor requerimiento de agua. No obstante, la medida del ejecutivo castellano-manchego sólo estuvo en vigor entre 2017 y 202, permitiéndose la inclusión del airén en este catálogo de variedades en 2023.
De hecho, uno de los palos más grandes que el informe da a España es que entre sus indicados de reestructuración ninguno está enfocado a la sostenibilidad medioambiental. Como indican también en el informe, esta medida era facultativa —a discreción del estado ejecutor de las ayudas—, pero, en general, "reflejaban una escasa o nula ambición por la sostenibilidad medioambiental".
Además, otra de las críticas que el tribunal hace a este sistema subsidiario apunta a que depende de las autoridades estatales o autonómicas en la toma de decisiones y que, también, al no requerir la OCM (la Organización Común de Mercados agrícolas) en el caso del vino aportes económicos nacionales, "podría no constituir un incentivo suficiente para que los estados miembros desarrollen una estrategia adecuada y persigan objetivos medioambientales".
Es decir, Europa considera que cuando estas subvenciones no necesitan aporte nacional, sino que simplemente son fondos europeos, los estados no vigilan de forma tan exhaustiva que realmente este dinero sea bien utilizado.
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Sin embargo, en el análisis no sólo Castilla-La Mancha se lleva el tirón de orejas. Francia también sale malparada, igual que Italia, Grecia y la República Checa. En el ejemplo italiano citan las dificultades burocráticas para que estas ayudas lleguen a determinados productores; en Francia —en el ejemplo de Languedoc-Rosellón— critican que se hayan usado fondos de reestrucuración de viñedo para plantar nuevos viñedos, cuando ese dinero debe ir destinado a reconvertir viñedos ya existentes.
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