En la vida casi nada es blanco y negro y, evidentemente, en el terreno de las aerolíneas comerciales esta frontera está casi tan difusa que es tan difícil de ver como un edificio cuando lo sobrevuelas a 10.000 pies.
Lo que sí es cierto es que Ryanair, la aerolínea irlandesa capitaneada por Michael O'Leary, colecciona multas y reclamaciones. Algunas de ellas muy recientes, impuestas por el Ministerio de Consumo español, que sancionaba a la compañía a pagar más de 100 millones de euros por cobrar el equipaje de mano a sus pasajeros, o por no permitir la elección libre de asiento a las personas dependientes.
Tampoco deja de ser cierto que hasta la irrupción de las aerolíneas low cost, viajar en avión tenía mucho más de privilegio que de cotidiano, pero eso daría para otro reportaje sobre cómo, para bien o para mal, la aparición de empresas como Ryanair, Vueling o Easyjet han dinamizado el mercado o, en opinión de otros, lo han dinamitado.
Más madera, es la guerra, podría ser la proclama que ahora Michael O'Leary lanza al aire tras protestar airadamente por esa multa de 100 millones de euros que España le ha impuesto a su aerolínea. Es cierto que no solo Ryanair carga con ese sambenito, pues otras cuatro compañías –Vueling, Volotea, Norwegian y Easyjet– fueron sancionadas con cerca de 80 millones de multa por las mismas prácticas que la empresa dirigida por O'Leary.
Combativo donde los haya, lo cierto es que el CEO irlandés parece no dispuesto a dar su brazo a torcer y no solo a reclamar que aquella multa era desproporcionada e injustificada, sino que también tiene medidas para contraatacar a AENA y al Ministerio de Consumo español, ahora dirigido por el ministro Pablo Bustinduy y al que O'Leary convirtió en meme, vistiéndolo de payaso.
O'Leary frente a la caricatura de Pablo Bustinduy, Ministro de Consumo, como un payaso.
Tras las sanciones, se abrió un período de reclamaciones. El Gobierno español se protegía así con una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014, aplicando así la norma adaptada de 2022, cuando se modificó la Ley de Consumidores para poder sancionar a las grandes empresas que incurrieran en fraude. Una realidad que ahora, por ejemplo, también está cobrando fuerza a través de otras sanciones impuestas por comunidades autónomas como Andalucía.
Algo que a O'Leary no hizo gracia y ahora España tendrá que dar explicaciones en EU Pilot, un árbitro mediador pensado para resolver conflictos entre la Comisión Europea y los Estados miembros. En este sentido, las reclamaciones de Ryanair apuntan a que, aunque la Unión Europea obliga a garantizar un transporte de maletas sin cargo extra, la normativa no establece unas medidas claras en lo que definiríamos como maleta de cabina estándar. Razón por la que cobran por trasladar ese equipaje que no cabe totalmente en el avión.
Mientras este recurso se interpone, O'Leary agita una bandera que no gusta en los aeropuertos con menos tráfico: eliminar rutas que pueda considerar deficitarias. El pretexto utilizado es considerar que las tasas aeroportuarias de AENA son demasiado caras.
Por eso, Ryanair dejará de operar las líneas de Jerez de la Frontera y Valladolid y, además, reducirá actividad un 61% en Vigo, Santiago de Compostela (-28%), Zaragoza (-20%), Asturias (-11%) y Santander (-5%). En cifras totales supone restar 800.000 asientos de una docena de rutas, algo que explicó directamente Ryanair en un comunicado de prensa y afirmando que "España pierde 800.000 plazas para verano 2025 por las excesivas tasas aeroportuarias regionales de AENA".
El problema final, a pesar de que las tasas aeroportuarias españolas se encuentran entre las más bajas de la Unión Europea, es que todo forma parte de una enorme bola de nieve que se ha ido gestando en los últimos 20 años con dinero público como construir aeropuertos sin planes de viabilidad y, al mismo tiempo, sufragar campañas de publicidad en aerolíneas como Ryanair, costeadas con fondos públicos de ayuntamientos o comunidades autónomas para que estas líneas permanecieran abiertas como pasó en 2024 con un contrato que el Gobierno cántabro firmó con la compañía de O'Leary. Mientras tanto, y nunca mejor dicho, las decisiones están en el aire.
Imágenes | Ryanair
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