A ocho personas y a doce empresas, así es la propuesta de enjuiciamiento que María Tardón, juez de la Audiencia Nacional, incluyendo al principal grupo exportador de atún a nivel mundial por comercializar atún rojo proveniente de la pesca ilegal, así como por el blanqueo de los beneficios obtenidos por esta práctica.
A raíz de una larga investigación llevada a cabo por la Guardia Civil y denominada Operación Tarantelo, la Audiencia Nacional ha acreditado con los detalles del Instituto Armado "las pésimas condiciones de salubridad en las que se encontraban las instalaciones que utilizaban".
También por "las malas condiciones para el consumo humano de los atunes". En este caso, explican, "se les inyectaban aditivos para darles una apariencia de frescura".
En el auto de pase a procedimiento abreviado, Tardón considera que los hechos investigados pueden ser constitutivos de los delitos de falsedad documental, contra la salud pública, contra la fauna, contra los derechos de los consumidores, descubrimiento y revelación de secretos, participación en organización criminal y blanqueo de capitales, lo que algunos medios han tildado ya como la mafia del atún.
En este caso, la titular del Juzgado Central de Instrucción Tres envía a juicio a ocho investigados. De ellos, hay tres responsables del Grupo Pescnortmar y también del Grupo Ricardo Fuentes, los hermanos José y Juan Pedro F.G., a la sazón el mayor exportador de atún rojo del mundo, con sede en Cartagena, y que opera varias granjas de engorde en la Región de Murcia, además de Malta y Túnez, contando también con permisos de explotación almadrabera en Cádiz, Marruecos, Italia y Portugal.
El modus operandi, como explican desde el CGPJ, está en que "parte de la actividad de esta trama se llevaba a cabo de manera legal, de acuerdo con la normativa administrativa vigente". Al mismo tiempo, lo que hacían era "introducir atún rojo de manera irregular en el mercado pescado ilegalmente, con omisión o falsificación de la documentación requerida para su captura y comercialización para consumo humano".
Tal y como citan fuentes judiciales, "esta confusión deliberada entre el atún de procedencia ilícita y en buen estado y el atún de procedencia ilícita y en mal estado fue ideado por la organización para dificultar la detección del fraude".
Cómo actuaba la Mafia del atún rojo
A ello se suma otro señalamiento de la jueza. Avala así que "la investigación ha permitido acreditar las pésimas condiciones de salubridad en las que se encontraban las instalaciones que utilizaban los investigados en su actuación". Aquí, como vemos, ya aparece el hipotético delito contra la salud pública, alegando que "durante el transporte el género no cumplía con unas mínimas condiciones de higiene como el aislamiento de los productos alimenticios en continente hermético o mínimamente protegido".
Un modus operandi mantenido en el tiempo y que permitía que atunes rojos de procedencia ilícita entrasen en el tráfico mercantil con documentaciones manipuladas, impidiendo por completo su trazabilidad. A ello se suma que también "parte de los ejemplares de atún rojo se encontraban en mal estado, dándoles otra apariencia a través del inyectado de aditivos para dar una apariencia de frescura".
Según la instructora, quedan acreditadas las condiciones en las que se funcionaban las instalaciones de los investigados, citando una nave B que funcionaba "sin permiso administrativo de funcionamiento y que operaba al margen de los controles sanitarios y en unas condiciones de salubridad detestables".
Publicado el pasado martes 9 de julio, se acuerda dar un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
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