La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) emprenderá acciones legales contra las empresas importadoras de tomate marroquí por cometer fraude fiscal en la Unión Europea. Así lo ha confirmado la organización tras presentar la pasada semana sus cálculos al respecto en una jornada virtual en la que se analizó el impacto de las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la UE declarando ilegal el acuerdo de libre comercio con Marruecos.
Andrés Góngora, responsable de de frutas y hortalizas de COAG, recordó que Marruecos puede importar a los países de la Unión hasta 285.000 toneladas de tomate libres de aranceles, siempre que paguen más de 46 céntimos por kilo. Sin embargo, según el análisis realizado por los Servicios Técnicos de la organización, dicha cantidad se ha superado claramente desde 2019, trayendo, de media, unas 500.000 toneladas anuales, por lo que serían hasta 230.000 toneladas de tomate las que tendrían que haber pagado tasas arancelarias.
Así, COAG cifra en unos 71,7 millones de euros el importe que Marruecos tendría que haber abonado a España en los últimos cinco años, unos 14 millones al año, unas cuentas que, añade Góngora, son “lo más benevolentes posibles con Marruecos, ya que las cantidades que proceden del Sáhara Occidental deberían ingresar en la Unión Europea sin las condiciones preferenciales establecidas para Marruecos”.
La organización agraria ha insistido en exigir la suspensión inmediata del acuerdo agrícola de libre comercio entre la UE y Marruecos, “sin periodos de gracia”, pues los agricultores europeos, afirma Góngora, sufren a diario la competencia desleal del país africano, con prácticas como la mezcla de tomates producidos en el Sáhara Occidental que se mezclan con tomate marroquí para ocultar su origen, o la venta a pérdidas para acabar con la competencia europea.
En la práctica, esta situación se traduce en que el tomate marroquí se puede vender a precios mucho más baratos en países europeos como España o Francia, los más afectados, cuyos productores locales están “perdiendo rentabilidad y desapareciendo”.
Fuente: COAG a través de datos Eurostat (valores en toneladas).
Así, COAG estudia emprender acciones legales a través de tres vías posibles: el Tribunal de Justicia de la UE por el delito fiscal reiterado, el Tribunal de Cuentas por el posible fraude que se está cometiendo en toda la Unión, y por esa venta a pérdidas ante la que debería intervenir la Comisión Europea a través de Competencia Europea.
Además, no descartan que estas acciones se puedan realizar conjuntamente con organizaciones como La Vía Campesina, el Frente Polisario o de la francesa Confédération Paysanne, por la explotación agraria y pesquera que hace Marruecos del Sáhara Occidental importando productos sin certificar, y por la presencia de numerosas empresas europeas que operan en el territorio, fundamentalmente francesas.
Imágenes | Unsplash/Brands&People - COAG
