Con el precio que están empezando a tener los huevos en el supermercado, seguramente haya muchos españoles planteándose que, si tienen un terreno, una buena opción de intentar librarse del peaje de las tiendas a la hora de comprar huevos sea recurrir a tener sus propias gallinas.
Con aumentos en las últimas semanas de hasta un 25% respecto al precio que se venía marcando durante los dos últimos años, era cuestión de tiempo que ciertas causas coyunturales como la invasión rusa de Ucrania –y lo que supuso para el incremento de costes de los piensos– o la gripe aviar en Estados Unidos, donde está golpeando fuerte, obligando a sacrificar a miles de gallinas ponedoras, acabarán haciendo mella en el mercado europeo.
Sin embargo, no es oro todo lo que reluce a la hora de tener gallinas en casa. Animal, por otro lado, que no es tan fácil de gestionar en un pequeño gallinero doméstico, a pesar de lo sencillo que pueda parecer.
Como en tantos otros casos, la realidad y la legalidad no siempre van de la mano a la hora de pensar en el autoconsumo, algo que obligó al gobierno a ponerse algo más restrictivo con la permisividad que había.
Y todo parte del Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, que establecía normas básicas de ordenación de las granjas avícolas y que no solo supone condicionantes para la industria, sino también para los particulares que tengan gallinas y que deben tenerlas registradas.
Lo cierto también es que el real decreto se hizo de rogar y algunas de sus disposiciones y artículos no entraron en vigor hasta el 1 de enero de 2024, pero ahora la cosa está un poco más complicada para quienes no hayan regulado sus gallineros domésticos.
Todo, en parte, se encuentra condicionado por la crisis de la gripe aviar, que está multiplicando las medidas de control en el sector y que podría suponer más de un susto económico al que no haya regularizado sus gallinas.
En este sentido, como derivada de esa situación coyuntural, conviene más que nunca tener los papeles en regla, como popularmente se dice, pues las multas oscilan entre los 600 euros y los 3.000 euros, tratándose de una infracción leve, tal y como se advierte en varias leyes como la 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal; la 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio o el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, que es el que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.
Además, el real decreto también indica que las explotaciones de autoconsumo deben identificar a un veterinario de referencia al que poder recurrir si aparecen problemas sanitarios concretos y, del mismo modo, tampoco se pueden realizar intervenciones quirúrgicas a los animales por motivos no terapéuticos o de diagnóstico.
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