Con la flota del Cantábrico amarrada hasta el próximo lunes como protesta por el auge del precio de los carburantes y con la vista de reojo en la situación en Ucrania, era cuestión de tiempo que ambas crisis golpeasen al sector pesquero español que, como es plausible, podría suponer un incremento de los precios al consumidor.
Esta 'tormenta perfecta' además amenaza a las dos vías por las que el pescado llega a nuestras lonjas y mercados: pesca y acuicultura. La primera, debido a la inflación y a la escalada de precios del gasoil, se ha visto mermada y ha puesto en pie de huelga a numerosas cofradías y puertos de toda España.
La segunda, también condicionada por el coste de la energía, además se ve afectada por las dificultades de abastecimiento y encarecimiento de piensos, muy dependientes de cereales ucranianos y rusos.
Barcos que no faenan, costes de la distribución que se disparan, precio de la electricidad elevado —con lo que supone para, por ejemplo, la refrigeración— y las malas noticias que llegan del este de Europa hacen que, contra más viento y marea que nunca, tanto pescadores, pescaderos, conserveros y acuicultores estén en un mismo barco bajo la amenaza de fuerte marejada.
En el horizonte, ver cómo la bajada del precio del petróleo puede paliar parte de la situación y la esperanza de que la guerra en Ucrania, además de por razones humanitarias, pare cuanto antes y no termine de desestabilizar en lo económico.
En el cortísimo plazo, hacer frente a la falta de aceite de girasol, al incremento de los carburantes y a la falta de accesibilidad a los piensos y, como resulta obvio, al aumento del precio de la electricidad.
No hay desabastecimiento (por el momento)
Más allá de casos puntuales, no se esperan problemas de abastecimiento de pescado en el comercio minorista.
El problema es que llueve sobre mojado, según advierte María Luisa Álvarez, directora general de Fedepesca (Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescado y Productos Congelados). "Nosotros llevamos meses haciendo un seguimiento de los precios con nuestras asociaciones", comenta sobre una situación que no es novedosa.
"A la vuelta de verano avisamos de que la subida del combustible y energía iba a tener un impacto en los costes a la larga", aclara. "Es cierto que la cadena intenta hacer una contención de precios al consumidor final", avala, especificando que "en líneas generales, más allá de casos muy puntuales, ni hay desabastecimiento ni lo habrá".
No niega, sin embargo que "la incertidumbre que está generando la guerra de Ucrania, sumada a los parones de ciertos sectores del transporte" avisan de esa tormenta perfecta. Mientras tanto, el pescado sigue en las pescaderías: "No hay ningún problema de abastecimiento, más allá de algunas especies en concreto porque algunos barcos están amarrados o porque alguna empresa de transporte no ha funcionado".
Si manifiesta preocupación, evidentemente, porque se trata de una crisis recurrente que salpica a toda la cadena de valor del pescado. Salpica al pescado de crianza, muy dependiente de los piensos que provienen de cereales ucranianos, pero también importa el coste de la energía y, como es lógico, el de los carburantes, necesarios para cualquier tipo de traslado.
El aumento del precio de los carburantes perjudica tanto a la flota de altura como a la de bajura.
Además de eso, Álvarez saca la cara por sus asociados: "La cadena de distribución está haciendo un trabajo impresionante por contener los precios todo lo que pueden y que no repercutan en el ciudadano, pero no es una situación sostenible".
Podría vislumbrarse que la acuicultura actuaría como sostén del negocio en las pescaderías patrias. No es una frase hecha. La realidad es que los pescados de crianza suponen el 25% de la producción pesquera española, según fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y también supone un cuarto de toda la producción acuícola de la Unión Europea.
Hablamos de lubinas, doradas, rodaballos, truchas, esturiones, corvinas, lenguado e incluso atún rojo. Un buen número de especies que se han adaptado bien a la crianza en estas piscinas y cuya importancia trasciende lo actual, sino que condiciona el presente. Según datos de Acuicultura de España, dos tercios del pescado que se consumirá en 2030 procederá de este tipo de sistemas.
Las opciones, además del deseable fin del conflicto, también supone un mayor compromiso por parte de las administraciones. Así lo expresa Javier Ojeda, gerente de Acuicultura de España, que demanda "ayuda de estado inmediata para compensar la escalada del precio del pienso o la energía".
La producción de pescado de crianza en España supone el 25% del total de la producción pesquera.
También alude a la responsabilidad comunitaria, como es "brindar apoyo del Fondeo Europeo Marítimo o asegurar el buen funcionamiento del mercado único", entre cuyos valores está "no tener barreras comerciales internas".
En el mismo sentido, abre la puerta también a "una limitación de los precios de la electricidad y a buscar nuevos orígenes de las materias primas como alimento para los peces". En juego, en sus palabras, está la búsqueda de "soluciones extraordinarias que ayuden de manera efectiva a que podamos seguir aportando a la soberanía alimentaria española".
Una realidad a la que también Apromar (Asociación Empresarial de Acuicultura de España) se suma, poniendo los puntos sobre las íes de los costes a los que se enfrenta la acuicultura. Según estimaciones de la asociación, el pienso supone el 60% de los costes de producción del pescado de acuicultura.
A nivel comunitario, España representa el 25% del total de la producción pesquera de crianza.
Un reto que, de nuevo, viene de largo, ya que "el coste del alimento para peces ya estaba en un punto álgido en enero debido a las tensiones de suministro de materias primas en las postrimerías de la pandemia por covid", explican en un comunicado de prensa.
Queda abierta esa veda en la búsqueda de materias primas que no solo necesita el sector pesquero, sino también la industria del carburante, como puede ser la producción de biocombustibles y que también depende del cereal ucraniano y ruso.
Como colofón, Apromar traslada el mensaje a los hogares, además de la falta de rentabilidad o el riesgo de cierre que pueda suponer para los productores. Si la presencia de estos pescados se reduce por sus costes o el precio al consumidor se eleva, supondrá de manera asimétrica la reducción del consumo de pescado, "alimento tan esencial", aluden desde Apromar, "especialmente en el caso de familias con bajos ingresos".
La batalla de las conservas
Sumado a los costes de la energía y los carburantes, la industria conservera también tiene que hacer frente las dificultades de abastecimiento derivadas de la situación en Ucrania.
No se puede perder de vista el sector conservero español, también muy potente, aunque no siempre dependa de caladeros nacionales. En cualquier, la industria de la manufactura de las conservas también está en alerta por la altísima demanda de aceite de girasol y la poca oferta, debido a la cantidad de aceite que se importa de Ucrania.
Según fuentes de Anfaco-Cecopesca, patronal conservera, los problemas de desabastecimiento en torno al aceite de girasol podrían surgir a finales de este mes de marzo. Una realidad que Juan Manuel Vieites, secretario general de la patronal, señaló en rueda de prensa. Los datos no engañan: un 70% del aceite de girasol que llega a España es ucraniano.
Para ello, también explicó el máximo dirigente de la organización, se buscarán vías que permitan salir a flote a la industria conservera. En los requerimientos solicitados a las administraciones públicas, tanto nacionales como comunitarias, está "la toma de medidas excepcionales como la supresión de aranceles". Una válvula de escape que podría abrir la puerta a importar aceite de fuera de la Unión Europea.
La medida no es baladí. Las posibilidades de una rotura de stock del aceite de girasol son elevadas, según FEDIOL, asociación europea que agrupa a los productores de aceites vegetales, que señalaban el pasado 2 de marzo el margen de las reservas acumuladas en la Unión Europea: "entre cuatro y seis semanas".
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