La Unión Europea ha puesto en marcha un mecanismo para revisar su normativa de bienestar animal en la producción de carne comunitaria. En ella, entre otros patrones, se hace especial referencia a la prohibición de jaulas en la producción de cerdo, conejo y pollo.
Una realidad que, explican desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), podría, entre otras cosas, triplicar el precio de la carne de pollo al consumidor. Entre medias, avisan además, una adaptación a la nueva normativa que supondría costes casi inasumibles para determinados ganaderos.
Cifrado el cambio en un millón de euros para las explotaciones avícolas, en algo más de medio millón para el porcino y, "abocando al cierre al 95% de las granjas de conejos", COAG demanda a través de un informe de impacto socioeconómico presentad0 a la Comisión Europea.
El informe tiene como fin demostrar tanto a Bruselas como a las autoridades nacionales que, aunque COAG aboga por "el compromiso de mejorar el bienestar animal", se tengan en cuenta otras realidades.
Entre ellas, indican que " estas normas tienen que estar basadas en evidencias científicas independientes que tengan en cuenta el impacto socioeconómico de las medidas propuestas y que considere los riesgos, costes y necesidades que implica la eliminación total de las jaulas”, como remarcaba Jaume Bernis, responsable de sectores ganaderos de COAG.
Pollo tres veces más caro y costes inasumibles
De consumarse la consolidación de estos cambios, sujetos a las recomendaciones que hace la presentadas por la AESA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA por sus siglas en inglés) la realidad para el ganadero español sería terrible, pero también para el consumidor final.
Entre los estimados que hace COAG, el precio que acabaría pagando el cliente por un pollo convencional se triplicaría, pasando en los lineales donde "el precio es de 3,25 €/kg el pollo entero, se estima que podría llegar a los 9,75 €/kg, casi al mismo precio que el pollo campero".
Los ganaderos avisan de que la situación "no tiene por qué mejorar con estas medidas"
Situación que, insisten, se produciría por tener que readaptar las granjas y reinvertir —aun suponiendo que contasen con los permisos pertinentes— a una nueva densidad de cría, limitando en la avicultura de carne a 11 kg/m2, cuando en la actualidad es de 33kg/m2.
Un cambio que, además, denuncian que "no tiene por qué mejorar con estas medidas. Las naves actuales están preparadas con sistemas de calefacción, sistemas de refrigeración y sistemas de ventilación que aseguran en todo momento y en todo tipo de circunstancias climáticas, unas condiciones óptimas de temperatura y calidad de aire", algo que lamenta Eloy Ureña, responsable del sector avícola de COAG.
"Criar a menos densidad no es sinónimo de tener estos parámetros mejor controlados. De hecho, puede ser más difícil y costoso conseguir mantener las temperaturas de una forma adecuada", remarcaba en un comunicado de prensa de la propia COAG.
Sacar del mercado al pequeño productor y la puntilla para el sector del conejo
Una situación que se replicaría en el porcino, aunque no en la misma medida. En cualquier caso, COAG denuncia lo que supondría esta adaptación de densidades y la nueva infraestructura, que dejaría fuera de juego a ganaderos más pequeños y con menos recursos, explicando que esta situación acabaría "favoreciendo a aquellos grupos de gran envergadura que pueden hacer frente a una reducción de densidades a partir de un incremento de la superficie de su explotación".
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Sin embargo, peor suerte correría la cría de conejo. En España sólo hay una granja de producción ecológica, pero si se aplicasen los cambios que propone la AESA, la decisión "abocaría al cierre al 95% de las granjas españolas" y con ello mandar al paro a cerca de 3.000 personas, razón por la que COAG demanda que "para garantizar la supervivencia del sector, deben tenerse en cuenta los tres pilares de la agricultura sostenible -medioambiental, social y económico-", como afirma José Luis Santaclara, responsable del sector cunícola de la coordinadora, con el fin de "evitar que la producción desaparezca o se traslade a terceros países con normas menos exigentes en bienestar animal".
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