Acabar con la barra libre de bebidas alcohólicas y las promociones de alimentos XL o extragrandes, limitar la oferta de los vendings y obligar a los establecimientos a tener servicios gratuitos. Son algunas de las medidas que recoge el esperado anteproyecto de Ley de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, que se acaba de publicar el portal de Transparencia de la región.
El texto llega con mucho retraso: lleva anunciándose desde verano del pasado año. Por el camino la Comunidad ha cambiado de consejero de Sanidad y presidenta y el texto se presenta a audiencia e información pública a solo unos meses de las elecciones de 2019, lo que dificulta enormemente su aprobación.
En él encontramos muchas buenas intenciones y poca concreción. El anteproyecto de Ley insta a promover, como hábitos de la población, “una alimentación saludable y la práctica de actividad física de manera regular en entornos capacitadores”. Pero las medidas para lograr esto parecen más recomendaciones que otra cosa.
Se anuncia, por ejemplo, que “los expositores y máquinas de venta automática de alimentos reservarán un porcentaje no inferior al 30% de la superficie total para alimentos nutricionalmente saludables como fruta, verduras, frutos secos y lácteos”, pero se añade que esto se aplicará “especialmente cuando dichos dispositivos se dispongan en centros sanitarios, educativos o deportivos”. ¿En qué quedamos? ¿Sirve de algo reservar un espacio para fruta si se venden al lado palmeras de chocolate?
La ley insta a garantizar el acceso a agua potable y aseos bien equipados
Otra medida que parece interesante, pero de nuevo carece de concreción, es la propuesta de “limitar las actividades que promocionen el consumo irresponsable o indiscriminado de alimentos o bebidas, como las denominadas “barras libres” de bebidas alcohólicas y/o bebidas azucaradas, las denominaciones “XL”, “extragrande”, “maxi” o cuantas se refieran al gran tamaño de las raciones de alimentos y bebidas, en aras de la protección de la salud de los madrileños, especialmente de los menores de edad, y de la prevención del sobrepeso y de la obesidad”.
Más concreto parece un punto de la ley en la que se incide “garantizar el acceso al agua potable en los lugares y establecimientos públicos, sin coste para los ciudadanos, así como a aseos equipados adecuadamente, asimismo gratuitos”. ¿Se acabo el servicio solo para clientes?
Actividad física e información al consumidor
El anteproyecto de ley insiste mucho en las medidas para frenar el sedentarismo, aunque de nuevo la redacción del texto peca de falta de concreción.
El texto apuesta por “velar para que la publicidad de los alimentos no ponga en riesgo la salud del consumidor”.
“La actividad física se promoverá desde las administraciones reservando espacios públicos adaptados para el paseo, ejercicio, actividad física con equipamientos apropiados al aire libre, y lugares específicos habilitados para el uso de la bicicleta, entre otros”, se lee en el texto. “Los establecimientos privados favorecerán asimismo la actividad física gratuita para sus empleados y el público, en función de las características y tamaño de los establecimientos, del modo que reglamentariamente se determine”.
El anteproyecto de ley también contiene un apartado de seguridad alimentaria, en el que se incluyen medidas para garantizar una correcta información al consumidor en la compra de productos de alimentación.
La ley insta a la administración sanitaria a establecer las actuaciones necesarias para “comprobar que las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables no hacen referencia al ritmo o la magnitud de pérdida de peso, ni fomentan el consumo excesivo de un alimento, ni son incoherentes con los principios generalmente aceptados en materia de nutrición”. Así misma apuesta por “velar para que la publicidad de los alimentos no ponga en riesgo la salud del consumidor”.
Veremos en que queda todo esto.
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