Reino Unido tiene un grave problema de salud pública con una prevalencia cada vez mayor de obesidad en su población, tanto adultos como niños, cuyas enfermedades asociadas suponen un gran gasto público para el país. La mala alimentación es la principal causa de unas tasas que aumentan en las zonas más desfavorecidas, con un alto consumo de ultraprocesados y comida rápida. En consecuencia, dentro de los planes gubernamentales por cambiar esta tendencia se contempla restringir la oferta de estos alimentos, pero a la hora de actuar se enfrentan con la propia industria, que tiene otros planes. Y un gran poder económico.
La revista científica The BMJ (The British Medical Journal) ha publicado una investigación en la que denuncia las tácticas que emplea McDonald's en Reino Unido para imponerse frente a las políticas de salud pública de las autoridades locales. Los distintos ayuntamientos del país quieren frenar las aperturas de locales de comida rápida, especialmente en las zonas más desfavorecidas y cerca de colegios o parques infantiles. La compañía, que planea abrir más de cien nuevos restaurantes por todo el país, ha contraatacado en una batalla judicial asfixiante a la que las instituciones son incapaces de hacer frente.
Cómo se está intentando frenar el consumo de comida rápida
Dentro de las políticas de salud pública, las autoridades locales pueden actuar directamente restringiendo la presencia de establecimientos de venta de comida rápida y ultraprocesados como hamburguesas o pollo frito. Hay dos vías: imponer zonas de exclusión y rechazar solicitudes de planificación o construcción.
La primera vía consiste en delimitar zonificaciones específicas donde esté prohibido construir nuevos de estos locales, por ejemplo en distritos con altas tasas de obesidad y población más empobrecida, o cerca de escuelas o espacios destinados a los niños. En Reino Unido el enfoque más habitual es prohibir la creación de nuevos puntos de venta en un radio de 400 m alrededor de un colegio. Esto se hace modificando los planes locales de urbanismo que fijan, en un periodo de 15 años, qué se puede construir, qué no y dónde se puede.
La segunda medida es más directa, y consiste en oponerse directamente a las solicitudes de planificación de nuevos establecimientos de comida para llevar, independientemente de que exista o no una zona de exclusión previa. En este caso, si la compañía presenta alegaciones, tanto el ayuntamiento como la empresa afectada pueden aportar las pruebas que consideren oportunas a su favor a un inspector independiente, encargado de evaluar y dirimir el caso.
McDonald's: “se pueden pedir ensaladas”
McDonald's tiene previsto abrir hasta 200 nuevos restaurantes en el Reino Unido e Irlanda a lo largo de los próximos cuatro años, y, según han constatado los investigadores del BMJ, muchas de esas aperturas están previstas en algunas de las zonas más desfavorecidas del país, donde 1 de cada 4 niños abandona la escuela primaria con obesidad. Y, según han podido confirmar, la compañía está presentando y ganando múltiples recursos contra los planes de las autoridades que precisamente intentar evitar este tipo de comidas en dichas zonas.
Así, el BMJ ha encontrado cinco casos desde enero de 2020 en los que un consejo local se opuso a una nueva sucursal de McDonald's por motivos de salud pública, y en los que la empresa apeló con éxito la decisión. En los últimos cinco años, la compañía ha presentado un total de 14 recursos ante la Inspección de Urbanismo, de los que solo ha perdido uno.
Las tácticas que emplea McDonald's para ganar sus recursos, según denuncia el BMJ, se basan en presionar a los inspectores convenciéndoles de que en sus restaurantes se promueven estilos de vida saludables, con argumentos como que hay platos con “menos de 400 calorías”, que los clientes pueden pedir "café y ensaladas" e incluso que pueden acudir a pie o en bicicleta. En este sentido, también mencionan cómo en sus locales hay espacios para que los niños jueguen y practiquen actividad física, por lo que estarían fomentando un estilo de vida más sano.
Un portavoz de McDonald's ha asegurado en declaraciones al BMJ que están orgullosos de “ser una presencia positiva en las comunidades en las que operamos”, asegurando que se preocupan por facilitar al cliente el poder elegir una comida equilibrada. “Siempre seremos transparentes sobre nuestros ingredientes y llevamos más de 30 años facilitando información nutricional”. Aunque aseguran que el 57% de su menú está clasificado como non-HFSS [alto contenido en grasa, azúcar y sal], un Big Mac con patatas fritas medianas y un refresco suman ya 1000 calorías.
Para reforzar sus alegaciones, la multinacional ha contado con las declaraciones a favor del médico Matthew Capehorn, fundador de un centro privado de control de peso y que había trabajado anteriormente para McDonald's como asesor nutricional. Según Caphorn, la comida que ofrece la cadena de hamburguesas es “sana y nutritiva”, y defiende la variada gama de productos que permiten elegir alimentos saludables en sus menús, asegurando además que la obesidad responde a más de 100 factores distintos.
Una lucha de David contra Goliat
Los expertos consultados por el BMJ consideran que el temor a los elevados costes de los procesos judiciales ponen en clara desventaja a los ayuntamientos, habiéndose dado casos en los que incluso McDonald's ha amenazado directamente con obligarles a reembolsar parte de sus costes, alegando un “comportamiento poco razonable”. Así, son más proclives a aceptar las solicitudes de nueva construcción, aunque choquen con sus planes de salud.
Los ayuntamientos no pueden asumir los costes legales contra McDonald's
En opinión de Alice Wiseman, directora de salud pública de Gateshead y Newcastle, es un caso de “David contra Goliat”, pues afirma que “se está socavando el papel de los gobiernos locales en la creación de un entorno saludable” ya que los ayuntamientos no son capaces de asumir los costes de una batalla legal para la que McDonald's está preparado a alargar hasta lo que haga falta. Thomas Burgoine, investigador en la Unidad Epidemiológica de la Universidad de Cambridge, señala, además, que las autoridades locales no quieren sentar un precedente perdiendo estas batallas legales.
“Les están lavando el cerebro”
Las tácticas que emplean compañías como McDonald's o KFC para imponerse frente a las propias autoridades, denuncia la investigación, son las mismas técnicas que otros lobbys de sectores que dañan la salud llevan años utilizando para oponerse a las políticas de salud pública, como la industria del alcohol o del tabaco. Y subyace un problema mayor, el “lavado de cerebro” que están ejerciendo sobre la población, especialmente la más joven.
Así lo denuncia Weisman, que describe cómo recientemente se pidió a los jóvenes de Newcastle que dibujaran lo que consideraban que era «naturaleza» y un «buen lugar», y muchos de ellos mencionaron sitios como McDonald's y KFC.
“Necesitamos reducir la disponibilidad, aumentar el precio y reducir las promociones y el marketing”, afirma la vicepresidenta de la la Asociación de
Directores de Salud Pública . “Si realmente queremos que la gente pueda elegir lo que sobre lo que consumen, tenemos que asegurarnos de que no estén
influenciados por las industrias de su entorno”. En su opinión, para proteger la salud pública y prevenir las enfermedades que causan el elevado consumo de alimentos perjudiciales es imprescindible luchar contra su promoción y visibilidad a través de políticas eficaces.
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