Para controlar la sobrepoblación de osos. Así es la polémica ley que ha aprobado el pasado lunes 15 de julio el Parlamento de Rumanía que permitirá hasta abatir más de 400 osos este 2024.
La cifra supone duplicar la cantidad de plantígrados que se tenía prevista sacrificar en 2023, cuando se autorizó un cupo de intervención y detención de 220 osos pardos, con el pretexto de llevar a cabo un control de especies protegidas.
La medida, polémica donde las haya, ha levantado ampollas entre asociaciones ecologistas y conservacionistas que consideran desmedida la propuesta, como explican desde el diario británico The Guardian, que se ha hecho eco de la situación.
Actualmente, se calcula que habitan 8.000 osos pardos de manera salvaje en Rumanía, la mayor parte de ellos en las zonas montañosas que corresponden a los Cárpatos meridionales, incluyendo espacios protegidos como el Parque Natural Bucegi, el Parque Nacional Piatra Craiului y las Montañas Fagaras.
Considerado Rumanía como el país con mayor presencia de plantígrados de toda Europa, la problemática con los osos viene acrecentada por el auge turístico que está experimentando el país en los últimos años, habiéndose convertido en uno de los últimos refugios naturales dentro del Viejo Continente, lo que atrae a más viajeros en busca de ese turismo de naturaleza que el país está queriendo potenciar.
El problema, como se podía interpretar, es que está chocando frontalmente con la presencia de los osos, aunque los datos, tomando de nuevo a The Guardian como referencia, quizá no justifiquen la medida de ejecutar a 426 osos en 2024.
Aunque las fuentes difieren, se estima que la población de osos pardos en Rumanía se sitúa entre los 4.000 y los 8.000 ejemplares.
Según estos testimonios, en los últimos 20 años los osos han matado en Rumanía a 26 personas, habiendo además producido lesiones graves a otras 274 personas. La última, parte de esta gota que ha colmado el vaso del gobierno del primer ministro, el socialdemócrata Marcel Ciolacu, ha sido la muerte de una senderista de 19 años por el ataque de un oso.
Gobierno y asociaciones conservacionistas no se ponen de acuerdo sobre la población real de osos en Rumanía.
De hecho, se guardó un minuto de silencio en el parlamento rumano antes de la votación orientada a aumentar la cuota de osos a ejecutar, que fue aprobada por mayoría absoluta, gracias al control parlamentario que tiene el Partido Socialdemócrata, como explican desde Jurnalul Național, uno de los principales periódicos de Rumanía.
Sin embargo, esto no significa que el proyecto de ley se vaya a poner inmediatamente en marcha. También cabe recordar que los proyectos de cupos de intervención y prevención de la caza del oso, con la pretensión de mantener la población bajo control, llevan sin ponerse en marcha desde 2016, pero ahora, con la muerte de esta joven en los Montes Bucegi, se ha recuperado la tramitación de la conocida como Ley del Oso.
¿8.000 osos o 4.000 osos?
Ante la falta de depredadores naturales y siendo una especie protegida, el gobierno rumano asegura que la población del oso crece un 16% anual.
En este sentido, la ley estimaría que lo conveniente sería reducir en una década el número de osos hasta un máximo de 4.000 ejemplares, frente a los 8.000 que, según fuentes ministeriales y sus especialistas, aseguran haber a día de hoy en Rumanía, tomando como base el último estudio realizado, que data de 2021.
Basado en esas premisas, de las que se hace eco Jurnalul Național, se estima que el crecimiento natural de la población del oso en Rumanía es de un 16%, por lo que la caza de 500 ejemplares anuales serviría para paliar, sino de inmediato, el aumento de estos plantígrados en los bosques y montes rumanos.
Las ONG, por su parte, consideran que los cálculos gubernamentales son erróneos y que no es cierto que el número de plantígrados haya aumentado más allá de lo normal. La ley, que si nada lo dilata o demora, se pondrá en marcha el mes que viene, pende de un hilo porque es posible que tanto ONG como grupos ecologistas recurran a instancias judiciales rumanas y comunitarias para frenar o postergar la decisión.
Para los ecologistas, "la ley no va a solucionar absolutamente nada".
Parte también de la problemática, como también se desprende de la información de Jurnalul Național, es que ya en 2023 había establecido un cupo de intervención y prevención del oso para abatir 220 osos, pero no se llevó a cabo porque los cazadores se negaron ya que se prohibió la caza de trofeos, nombre que reciben las cabezas, cornamentas o colmillos de la caza mayor y menor, y que suelen ser expuestos como su propio nombre indica. Al desaparecer ese cariz de la obligación ministerial, los cazadores desistieron de participar en las tareas de control poblacional.
Lo que no deja de ser cierto y, en según qué medida, también contraproducente es que el aumento de la cuota, como explican las propias fuentes gubernamentales, no va a prevenir el aumento de los ataques en el futuro.
Para los grupos ecologistas, como también menciona The Guardian, "la ley no va a solucionar absolutamente nada", en palabras de un biólogo local dentro de la organización World Wildlife Fund.
En su opinión, las formas de corregir o de intentar prevenir los ataques pasan por mantener a los osos alejados de las zonas habitadas, lo que incluiría una mejor gestión de las basuras y de evitar que los turistas alimentasen a los animales.
Lo que también explican es que en 2023 se multiplicaron por dos las llamadas de emergencia que tenían que ver con avistamientos y presencia de osos, hasta los casi 7.500 avisos.
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