La última reforma de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea cuenta como gran novedad la llamada condicionalidad social, una condición social que incluye los derechos laborales como parte de los requisitos para obtener las ayudas económicas, por primera vez en su historia.
Así, tal y como informa la agencia EFE, España ya ha empezado a aplicar este año 2024 esta condición que penalizará a los beneficiarios de las ayudas que incumplan los derechos laborales, pudiendo rebajar la cuantía de las subvenciones concedidas.
Se incluyen también en esta condicionalidad social penalizaciones por incumplir los derechos ambientales y agronómicos, así como las condiciones de bienestar animal establecidos por la UE.
Aunque esta norma ya se aplica desde el día 1 de enero, las penalizaciones no llegarán a materializarse de forma efectiva hasta 2025, y hay dudas en el sector sobre cómo se pondrán en práctica. Según fuentes consultadas por Efeagro, algunos profesionales cuestionen la posible "carga ideológica" de las sanciones, y también advierten de una posible doble penalización, pues las infracciones de derechos laborales se sancionan ya por otras vías.
La Política Agrícola Común se creó en 1962 con el objetivo de apoyar a todo el sector agrario y al medio rural de los países miembros de la UE, y desde entonces se ha ido adaptando con diversas reformas. La nueva PAC, aplicada desde el año 2023 hasta el próximo 2027, se ha orientado para conseguir resultados concretos en cada país, prestando especial atención a fomentar la seguridad alimentaria, la protección y sostenibilidad del medio ambiente y fortalecer social y económicamente los medios rurales.
En nuestro país, el pago de las ayudas de las PAC lo coordina el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) a través de las Comunidades Autónomas.
En declaraciones a Efeagro, Andrés Góngora, responsable de relaciones laborales de COAG, afirma que los agricultores desconocen la escala de las posibles sanciones o si se harán nuevos controles que exijan presentar algún tipo de documentación, mientras Ignacio López, de Asaja, ha criticado la carga ideológica de la medida.
Por su parte, José Fuentes, del sector agroalimentario de la Federación de Industrias de CCOO, considera un gran avance que se hayan incluido estos derechos entre los requisitos para recibir subvenciones económicas, y cree que puede ser positivo para atraer a más jóvenes que refuercen demográficamente el sector.
Fotos | MAPA
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