Nestlé Waters, filial francesa de la multinacional suiza Nestlé, primer productor de agua mineral del mundo, ha llegado a un acuerdo judicial con la fiscalía de Épinal con el que deberá pagar una multa de 2 millones de euros por infringir la legislación nacional sobre agua mineral y por hacer uso de perforaciones ilegales.
A principios de verano se hacían públicas las investigaciones abiertas desde febrero contra la compañía, de la que se sospechaba que llevaba hasta 15 años utilizando tratamientos ilegales para purificar su agua mineral, comercializada bajo marcas como Contrex, Hépar o Vittel. En el país galo está prohibido comercializar como agua mineral o de manantial aquellas que hayan recibido tratamientos purificadores, por lo que se acusaba a la empresa de cometer un fraude millonario de, al menos, 3.000 millones de euros.
Tras dos investigaciones preliminares llevadas a cabo por la fiscalía de Épinal, en el este de Francia, Nestlé Waters ha reconocido los hechos y firmado un acuerdo en el marco de una convención judicial de interés público (CJIP). Así, la empresa deberá pagar la multa en un plazo máximo de tres meses, y también se compromete a "reparar el impacto ecológico mediante la implementación de un ambicioso plan de renaturalización y restauración de la continuidad ecológica", según ha publicado el diario francés Le Monde.
El grupo asegura que invertirá 1,1 millones de euros a lo largo de dos años en proyectos para restaurar el medio ambiente en varias de las ciudades francesas en las que opera, tras haber extraído agua de pozos ilegales. Además, indemnizará a varias asociaciones de defensa del medio ambiente con 516.800 euros. Esta CJIP es, según un comunicado de la fiscalía, "la más importante en materia medioambiental firmada hasta la fecha en Francia".
Así, las autoridades francesas se muestran satisfechas con el acuerdo adoptado y remarcan la justificación de no llevar a juicio a la compañía por haber cooperado con la investigación y haber puesto fin a las prácticas ilegales, que a pesar de no cumplir con la legislación francesa, no han supuesto ningún peligro para la salud pública.
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